Los Colegios de Arquitectos de Alicante, Castellón y Valencia han organizado actos públicos simultáneos en defensa de su profesión y en protesta por la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, al considerarla "inviable legalmente, regresiva, manifiestamente inoportuna y gravemente perjudicial para la seguridad de las personas y edificios", así como para la protección del patrimonio histórico y los paisajes urbanos y la sostenibilidad de ciudades y territorios.

En declaraciones a los periodistas al término de la lectura del manifiesto estatal en Valencia, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, Rafael Durá, ha ratificado la oposición de este colectivo profesional a la identificación de construcción con arquitectura que plantea esa iniciativa y ha reiterado la petición al Ejecutivo estatal de que "abandone" esa ley.

Durá alerta de que "rompe una situación pacifica de muchos años" al modificar la Ley de Ordenación de la Edificación, que fue "consensuada por todos los agentes participantes tras más de 15 años de debates" y ha "permitido el ejercicio de la arquitectura en términos de calidad y utilidad social", según constata el manifiesto.

Ha valorado asimismo la formación "técnica, artística y humanística" que reciben los arquitectos, a diferencia de otros profesionales, y que "hace que la ciudad pueda mejorar su aspecto en cuanto al patrimonio cultural y edificado".

"efectos no deseados" para las ciudades y sus habitantes

Alerta, en este sentido, de los "efectos no deseados" que podría suponer que el diseño de la ciudad recaiga en personas que "no tienen la suficiente formación" para hacerlo de forma adecuada.

A su juicio, "la arquitectura puede quedar muy dañada" si sale adelante esa norma y, "sobre todo, su calidad", mientras que los profesionales del sector "continuarán trabajando y haciendo su faena desde un punto de vista de calidad, de integración medioambiental, urbana y con los bienes culturales y patrimoniales". "Puede ser la muerte de la arquitectura como tal", ha sentenciado Durá, quien asegura que llegarán "hasta donde haga falta" para oponerse a esa norma de forma coordinada, aunque confían en que "pueda cambiar".

En el manifiesto, alertan precisamente de los "graves efectos" que puede conllevar la norma "sobre la sociedad y las personas, sobre los ciudadanos y las ciudades", e inciden en que "pueden ser imprevisibles" y "de difícil o casi imposible reposición".

Los arquitectos mantienen asimismo que esa ley supondría incumplir la Directiva Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales y, además, "no es conforme ni viable" con el actual sistema universitario estatal de títulos oficiales, que establece una correlación entre atribuciones profesionales y estudios.

"No hay demanda social, profesional ni económica para alterar la distribución de atribuciones que distingue entre las competencias exclusivas de arquitectos y las de los distintos ingenieros", reivindican en su manifiesto, en el que mantienen que se trata de "un fraude a la sociedad" y "un riesgo que no se puede permitir".

Argumentan, en este sentido, que el índice de siniestralidad "es más bajo que en otros países, precisamente porque están claramente definidas las responsabilidades del técnico que las desarrolla".

UN 60%

De estos profesionales en paro

Los arquitectos se oponen a la propuesta de ampliación de las reservas de actividad a otras profesiones e inciden en que "no parece razonable el ahorro de costes por la mayor competencia" en un sector con "claros problemas de subsistencia" por la crisis económica y con un 60 por ciento de sus profesionales en paro.

Con 50.000 arquitectos colegiados en España, otros 20.000 no colegiados y más de 30.000 estudiantes, el país posee el doble de arquitectos que Francia para la mitad de población. "Hay suficientes arquitectos que pueden asegurar la competitividad del mercado sin la entrada de nuevos protagonistas", ha subrayado Durá.

Además, ha hecho hincapié en que la arquitectura "no es sólo construcción", sino también "un bien cultural y patrimonial" que "forma parte de la ciudad".

"las casas las hacen los arquitectos"

"Las casas las hacen los arquitectos", prosigue el manifiesto, que incide en que "se ha de mantener la obligación de la intervención de alguien que no sólo garantice que la casa no se va a caer, sino que tenga además formación suficiente para entender que todo edificio pasa a ser una pieza de la ciudad y una parte del patrimonio edificado".

En este sentido, exige para la arquitectura y los arquitectos el "mismo tratamiento" que para la medicina, donde "nadie pone en duda que a los enfermos los tratan los médicos".