Un estudio elaborado en la comunidad autónoma revela que los promotores no dudan en cargar al comprador con gastos y tramitación que por ley les pertenecen a ellos, como son la declaración de obra nueva o la segregación de la parcela.

Otro punto conflictivo es la inclusión de cláusulas que permiten al constructor hacer modificaciones sobre el proyecto e incluso diferir la entrega del piso sin ninguna compensación para el comprador.

Sin embargo, entre las prácticas ilícitas más comunes se encuentra la subrogación de la hipoteca, es decir, la obligación de contratar este producto a la par que se compra la vivienda. Esto puede suponer un aumento de hasta el uno por ciento sobre el total a pagar, según apuntaron ayer desde la UCA.