Comisiones Obreras Canarias ha iniciado una campaña informativa y de movilizaciones bajo el lema 'Defendamos los servicios públicos municipales' para rechazar la reforma de la Administración Local.

Así lo pusieron este lunes de manifiesto durante la presentación de la iniciativa que corrió a cargo del secretario general del sindicato, Juan José Arteaga; el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pedro Moreno, y el coordinador del Área Pública, José Ramón Barroso.

De esta manera, desde la organización sindical se hizo especial hincapié en que esta reforma elimina servicios sociales, centros educativos —escuelas de adultos e infantiles, casas de niños y escuelas de música y danza—, servicios de salud municipal y políticas de igualdad y asistencia a mujeres maltratadas.

Insistieron en que también se eliminarían las oficinas de información a los consumidores, los servicios de orientación laboral y formación y miles de puestos de trabajo, además de establecer un coste estándar de los servicios, peligran las mancomunidades y pequeños municipios.

Arteaga destacó que esta reforma "pone en peligro la prestación de servicios públicos esenciales que prestan en estos momentos las administraciones locales". "CCOO no puede permanecer impasible", matizó.

Por este motivo, señaló que el sindicato une su voz a otras instituciones como la FECAM o agrupaciones como algunos colegios profesionales y recordó que ya se han hecho las alegaciones correspondientes.

"Pero pensábamos que la influencia que puede tener esta ley, de llevarse a cabo, va a ser especialmente negativa en Canarias porque desconoce la diversidad de la administración local y de sus peculiaridades en el archipiélago", dijo.

"afectará a 400.000

Habitantes de las islas"

El secretario regional comentó que esta reforma "viene a dejar prácticamente sin competencias en materias fundamentales —servicios sociales— a aquellos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, lo supone dos tercios de los ayuntamientos canarios. "Afectará de manera directa —comentó— a 400.000 habitantes de las islas".

Por su parte, Pedro Barroso, hizo especial hincapié en la necesidad de celebrar una reunión urgente al máximo nivel en la Federación de Municipios de Canarias y de la Federación de Islas "para establecer una estrategia conjunta".

"Pedimos coherencia al Gobierno de Canarias para que administraciones ejecutantes de presupuestos públicos tengan las herramientas para poder ejecutarlos. Permitir este desmadre, si se ejecutara así este anteproyecto, supondría que estaríamos en una perversión lógica al entender que lo que propone este anteproyecto es privatizar servicios públicos", aseveró.

Barroso opinó que cuando se habla de perder empleo en la administración local fruto de esta reforma, hay que tener en cuenta que en las islas, en julio de 2009 había 36.035 trabajadores públicos en las administraciones locales y que tres años más tarde, en julio de 2012, la cifra bajó hasta 31.445 los empleados. "Se ha venido ya destruyendo empleo —aclaró— en el sector de la administración local".