La procuradora del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León María Álvarez Quiñones ha subrayado que el informe de técnicos sobre el sistema de pensiones "no será vinculante", por lo que la posible reforma se abordará "en las instituciones democráticas" mediante el diálogo entre los representantes políticos y civiles. Una reforma que, en el debate organizado este lunes por UGT de Castilla y León, tanto el secretario general del sindicato, Agustín Prieto, como el diputado socialista Mario Bedera han considerado innecesaria.

El sindicato ha celebrado este lunes una jornada sobre 'El futuro de las pensiones' en la que ha contado con la participación de los representantes del PSOE y el PP, así como con el coordinador general de IU Castilla y León, José María González, que ha advertido de que los mensajes lanzados por el Gobierno de España en los últimos tiempos muestran una "deriva" para "mentalizar" a los trabajadores de que "renuncien al derecho ya adquirido" de las pensiones.

La jornada ha sido cerrada por una mesa redonda con representantes políticos y sindicales antes de la cual los mismos han atendido a los medios de comunicación para fijar su posición con respecto al futuro de las pensiones. Así, mientras que la procuradora 'popular' ha hablado del proceso por el cual se modificaría el sistema, otros representantes han considerado innecesario el cambio.

María Álvarez Quiñones, ante las referencias de sus compañeros de mesa al "informe de sabios" que ha encargado el Gobierno de España, ha insistido en que "no será vinculante", ya que la reforma se abordará en las "instituciones democráticas" y que sus términos no serán definidos por los técnicos, sino pactados en el "diálogo civil y democrático".

En todo caso, ha recalcado que el Gobierno del PP "parte de la realidad de que, desde 2007, hay 3,3 millones menos de personas ocupadas mientras que hay 700.000 pensionistas menos", por lo que considera que el objetivo principal es "garantizar las pensiones". No obstante, ha asegurado en primer lugar que "no hay ninguna reforma" sobre la mesa.

En cambio, ha apuntado que el Gobierno tomará "medidas para que las pensiones puedan sostenerse a largo plazo" que se decidirán "con el máximo consenso posible".

Por su parte, el secretario regional de UGT ha manifestado que el sindicato al que representa no entiende el "porqué" de la reforma, si se tiene en cuenta que en 2010 el anterior Gobierno del PSOE aprobó otra reforma "consensuada" que "ya daba respuesta a la sostenibilidad del sistema al menos hasta 2027".

Ha manifestado su confianza en que no se aplique "lo que han dicho los expertos" porque considera que "lo mejor que puede hacer el Gobierno con la propuesta es tirarla a la basura". En cambio, ha apostado por la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC en lugar de mediante una "fórmula compleja" como la que ha comenzado a aplicar el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 que conducirá a pensiones "cada vez más bajas".

Prieto ha calculado que el impacto de esa diferencia en 2013 han sido unos "66 ó 67 millones de euros" por lo que la incidencia de la decisión ha sido "muy negativa" en una Comunidad en la que las pensiones suponen el 12 por ciento del PIB. Por ese motivo, ha advertido de que "si los tiros van por donde se plantea" se dificultará que existan pensiones "dignas" para garantizar "la vejez, la viudedad o la incapacidad".

IMPUESTOS

En términos generales, ha recalcado que UGT defiende que las pensiones "deben ser intocable" y estar reguladas por un sistema "de reparto y no de capitalización" y, en todo caso, si no se llega a cubrir la totalidad de los importes se podría paliar con impuestos.

El socialista Mario Bedera ha partido de la idea de que no cree que sea "urgente" abordar una reforma del sistema, pues considera que existe ya un sistema que permite "afrontar el futuro". En este sentido, ha recordado que el gasto medio del Estado en pensiones está "por debajo de la media europea" y, curiosamente, es inferior al de Finlandia, país del comisario europeo Olli Rehn, "el que más presiona a España".

Pero también ha querido avisar de que "en el fondo" de la reforma que prepara el PP existe un giro hacia la "privatización" del sistema, para que los trabajadores que vean insuficiente la asignación a la que tengan derecho comiencen a recurrir a productos bancarios o de seguros.

Por último, el representante de IU, José María González, ha criticado que el Gobierno lance mensajes para "mentalizar" a los trabajadores de que pueden "perder" el derecho "ya adquirido" a las pensiones y que su gestión es deficitaria. Sin embargo, ha aportado cifras del año 2012, cuando en España el gasto en pensiones supone el 10 por ciento del PIB, mientras que la media europea es el 13 por ciento.

La postura de Izquierda Unida con respecto al asunto se basa en que el sistema de las pensiones no requiere una solución técnica, sino que debe ser política, pero con decisiones tomadas "en torno al Pacto de Toledo". Pero ha querido subrayar que la apuesta debe ser por las pensiones públicas y por obtener más fondos mediante la fijación de cuotas proporcionales con los salarios y por una mayor "participación" de los impuestos.

Mientras tanto, la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, ha resumido la situación en que, según el sindicato, se prevé que la reforma perjudique a los trabajadores con un incremento en dos años para las bases máximas de cotización "de 35 a 37 años" y con la eliminación de la jubilación parcial, y que será especialmente negativa para las clases más bajas y para las mujeres.