El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido que el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) emita los certificados de estudios cursados a cuatro estudiantes extranjeros becados por la anterior dirección de este centro, especificando las materias y el número de créditos superados.

Asimismo, ha recomendado a la Administración educativa que revise la documentación emitida por la dirección del Conservatorio para determinar los gastos que sufragaban las ayudas concedidas en aquel momento a estos alumnos.

Así lo ha señalado después de recibir cuatro quejas de otros tantos estudiantes extranjeros del citado Conservatorio, en las que exponían que vinieron a España por una beca que les concedió el entonces director del Conservatorio y el director artístico, que les cubría gastos de matrícula y manutención.

Ahora, tras haber realizado el Gobierno aragonés una inspección y haber detectado irregularidades en la concesión de estas becas, les reclama que se hagan cargo de las matrículas de los cursos que ya han realizado —desde el curso 2010-2011— y los que les quedan por hacer puesto que el Conservatorio no las pagó.

Los alumnos han explicado que se ha establecido un plazo de pago que vence en junio de 2013, "que si es incumplido puede traer consecuencias graves como la anulación de sus matrículas, incluidos los cursos ya realizados".

Además, debido a estas irregularidades no pueden renovar su NIE pues sin la beca no tienen cómo justificar los medios económicos "que exige la Oficina de Extranjería" y si su situación no se soluciona antes del 31 de octubre "no tendrán donde vivir".

Convenio con el iaj

El expediente de la queja incluye una certificación en la que se precisa que el entonces director del Conservatorio firmó un convenio el 7 de julio de 2010 con el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), que gestiona la Residencia de Estudiantes Baltasar Gracián, organismos ambos pertenecientes al Gobierno de Aragón, que incluía la posibilidad de que los estudiantes que el Conservatorio considerara merecedores dispondrán de la cobertura total de manutención y alojamiento por el periodo de duración de sus estudios.

En la actualidad, los estudiantes afectados no han podido afrontar los gastos de la Residencia Baltasar Gracián y para su alojamiento y manutención se han apoyado en las personas de su entorno más próximo y algunos están viviendo en los domicilios particulares de sus propios profesores.

Los estudiantes que han presentado la queja han argumentado que "no son los responsables del mal funcionamiento de la Administración pública y no tienen por qué pagar las cantidades de las matrículas de los años en los que supuestamente estaban becados".

En este sentido, el Justicia ha recomendado al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que adopte las medidas que estime oportunas respecto al acuerdo suscrito con el Instituto Aragonés de la Juventud con fecha 7 de julio de 2010 y notifique a los afectados la decisión.

No consta documentación oficial

El Departamento de Educación, en respuesta al Justicia, ha precisado que en los registros administrativos del Conservatorio Superior de Música no consta documentación oficial sobre la concesión de becas o ayudas a los interesados a los que se refiere la queja.

No obstante, en algún expediente académico, entre la documentación incorporada, sí consta la expresión de que se trata de un "alumno favorecido por una beca" y la de "alumno que percibe gastos de manutención" en certificaciones expedidas en julio y octubre de 2011 por el entonces director del Conservatorio, "pero sin concretar a que beca se podría estar refiriendo ni de quien se perciben esos gastos de manutención".

Por otra parte, el Departamento ha asegurado que para los alumnos que lo han solicitado se ha expedido por parte del Conservatorio, con fecha 30 de octubre de 2012, el correspondiente certificado de los estudios realizados durante el curso 2011-2012 a efectos de que puedan hacer uso de ellos en relación con su estancia en España.

Derechos generados

El Justicia ha estimado que si bien en el convenio suscrito entre el Conservatorio y el IAJ "se observa que no se cumplen los requisitos exigidos" por la normativa básica en materia de convenios contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, este "ha generado derechos a determinadas personas, que han perdido otras posibilidades de formación al haberse inclinado por las ofrecidas en desarrollo del mismo".

Por eso, "no se les debe privar de estos derechos o expectativas mientras siga vigente el convenio y los actos administrativos de los que derivan estos beneficios" y "en caso de considerar incorrecta la actuación administrativa que ha dado lugar a la concesión de estas ayudas, el órgano competente deberá rescindir el convenio y sus actos de aplicación, y comunicarlo a los afectados".

Además, ha argumentado que dado que los afectados han actuado de buena fe, no se les debería exigir el pago con efectos retroactivos de todos aquellos conceptos que en su momento les comunicaron que estaban exentos (matrícula académica, alojamiento y manutención), y se han de expedir los títulos o certificados académicos correspondientes a los estudios o materias que hayan superado "sin condicionar esta expedición al pago de matrículas o gastos de los que en su momento habían sido eximidos".

En este sentido, el Justicia ha señalado que "certeza y estabilidad son dos circunstancias que deben existir en un Estado de Derecho, y que el principio de seguridad jurídica impide que las resoluciones administrativas tengan eficacia retroactiva, salvo que se dicten en sustitución de actos anulados o cuando produzcan efectos favorables para el interesado, que no es el caso".

Finalmente, ha defendido que "los errores de la Administración no deben tener consecuencias negativas sobre los administrados y, en atención a lo establecido en la jurisprudencia respecto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, en nuestra opinión, el Conservatorio Superior de Música de Aragón debe revisar su actuación en los supuestos planteados en estos expedientes".