CCAA aprueban la estrategia nacional contra violencia de género con críticas de Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña

Ofrecen colaboración pero lamentan la reducción del presupuesto y que no se ha contado con las comunidades en su elaboración

Las Comunidades Autónomas han respaldado este lunes durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la aprobación de la primera estrategia para la erradicación de la violencia de género, si bien algunas regiones como Andalucía, Canarias, Asturias o Cataluña se han mostrado críticas con algunos aspectos del plan.

Así, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández, ha explicado que aunque la iniciativa les parece "positiva" en términos generales, motivo por el cual han dado su voto a favor como el resto de comunidades autónomas, también consideran que "está poco trabajada" y que es "muy abstracta y ambigua". "No hay concreción de las medidas que se van a poner en marcha", ha criticado.

"No es más que un recopilatorio de medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas. Por otro lado nos preocupa muchísimo la reducción presupuestaria. Para este año las comunidades vamos a recibir en torno a un 20 por ciento de recursos financieros menos que el año anterior. Plantear una estrategia nacional cuando hay un recorte importantísimo de recursos le resta credibilidad sin lugar a dudas", ha añadido.

En esta misma línea, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell, ha criticado que apenas han podido valorar el contenido de la Estrategia porque el documento presentado por el Ministerio "no es completo" y porque tampoco indica "de ninguna de las maneras" como se va a llevar a cabo la coordinación con las Comunidades Autónomas a la hora de ponerlo en marcha.

Asimismo, ha criticado que si se confirman sus predicciones, la propuesta podría vulnerar las competencias exclusivas que tiene Cataluña en materia de prevención y lucha contra la violencia de género e igualdad. "Le hemos preguntado cómo se tendrían en cuenta esas especificidades y no hemos obtenido respuesta", ha señalado.

"falta de participación de las ccaa"

El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, también ha ofrecido el respaldo del Principado a la propuesta y su "colaboración" en la lucha contra la violencia de género pero al mismo tiempo ha criticado que no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas en su elaboración. "No hemos tenido participación. Lo hemos reclamado hoy en la reunión, que sea un documento como punto de partida y no de llegada", ha señalado.

En segundo lugar, ha lamentado que "no puede ser un documento creíble" cuando se ha reducido, según Martínez, "en casi un 25 por ciento" el presupuesto para la lucha contra la violencia de género para las comunidades autónomas. "No es un documento creíble porque hay una disminución de los créditos", ha afirmado, para insistir en que, a pesar de todo, "Asturias se ha mostrado dispuesta a colaborar".

Apoyo de las ccaa del pp

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ha defendido la aprobación de la Estrategia nacional porque va a permitir establecer "una coordinación" entre todas las comunidades autónomas y el Estado sin que ello afecte, a su juicio, a sus competencias. "Encaja perfectamente. Al final sumamos todos esfuerzos, trabajamos todos en red", ha señalado.

"Es una buena noticia que haya esta estrategia nacional, que cada uno podamos aportar. Tenemos que felicitarnos de este acuerdo", ha asegurado. Al igual que Galicia, el nuevo plan también ha contado con el apoyo del resto de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, que tampoco habrían manifestado ninguna crítica al respecto, según ha explicado el vicepresidente de la Xunta.

La Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género aprobado este lunes consta de siete grandes ejes de actuación y 258 medidas para los próximos tres años y una previsión presupuestaria de 1.539 millones de euros, de los que unos 300 saldrán de las comunidades autónomas.

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