El lío está servido. La Agencia Tributaria atribuye a la infanta Cristina la venta de 13 fincas y terrenos por 1,43 millones de euros. Ella, en un comunicado oficial, lo niega. Hacienda no quiere en un principio hacer comentarios, amparándose en la ley, aunque más tarde aclara que sus datos "son de terceros". Algunos compradores han dicho que debe de haber un error, ya que ellos no compraron nada a la infanta, según informó el diario El País. Y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado este lunes que Anticorrupción estudiará todo este embrollo, reflejado en un informe oficial incorporado al 'caso Nóos'.

En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer la consecuencias "Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examine el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar", ha contestado Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto.

Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Castro indica que la infanta Cristina vendió entre 2005 y 2006 fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.603 euros, poco después de concretarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la ciudad condal.

La Agencia Tributaria se escuda en que no puede hablar sobre este asunto porque el artículo 95 de la Ley General Tributaria lo prohíbe, ya que son datos fiscales reservados. Sin embargo, poco después ha asegurado que remitió al juez José Castro los datos que obran en su poder y que son suministrados "por terceros" sin que fueran objeto de "valoración jurídico-tributaria". "Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria", afirman las fuentes. Explican así que la Agencia hizo un mero traslado de datos, entre los que se encuentran los aportados por notarios y registradores de la propiedad.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó por su parte este lunes que desconoce este informe, pero cree que habrá que ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error". "No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente", sentenció. PSOE e IU ya han pedido su comparecencia en el Congreso para explicar este asunto.

Petición del juez

El juez José Castro, además, ha pedido este mismo lunes a cuatro registros de la propiedad que le faciliten los datos de las fincas. Mediante una providencia de cuatro páginas, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.

De este modo, Castro podrá comprobar si fue la infanta quien vendió estos inmuebles en los dos años siguientes de adquirir su vivienda de Pedralbes junto a Iñaki Urdangarin, e intentará constatar si efectivamente la infanta figuraba como propietaria de las mismas y fue responsable y beneficiaria de su venta.

Por otro lado, el juez Castro ha dado traslado este lunes a las partes de nueva documentación aportada en su defensa por la representación de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, entre la que se incluyen correos electrónicos enviados por el duque de Palma, según han informado fuentes jurídicas.

¿Un simple error?

Lo que sí está claro es que el juez pidió a la Agencia Tributaria la información sobre la infanta. La Agencia, por su parte, consulta la información en el Catastro, que depende de ella. Y pasa las conclusiones de su informe al juez, como ha puntualizado el propio organismo. "Lo más seguro es que haya habido algún error en el catastro. Es muy común si solamente un número figura equivocado", explica a 20Minutos un registrador. "Lo suyo es que el juez, una vez remitida la información de Hacienda, hiciera una segunda comprobación certificada con registradores y notarios".

"Todo puede ser un error, comprensible sobre un informe sobre un ciudadano desconocido con pocos ingresos, pero con la infanta... Otros informes sobre la infanta han estado muy medidos y repasados. No entendemos qué ha podido pasar", señala un portavoz de los técnicos de Hacienda Gestha. Ahora todo está en manos de Anticorrupción y del juez Castro, que verificarán esos datos. La casa real lo tiene claro: niega las ventas por valor de 1,43 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria y ha subrayado que debe de tratarse de una equivocación.