La Asamblea de Madrid aprobó el jueves la nueva Ley de Patrimonio Histórico, que según el Gobierno regional suprime las trabas que puedan tener futuros proyectos económicos en edificios históricos de la región garantizando su protección; la oposición, que ha votado en contra, cree que pone en peligro su conservación.

La consejera de Empleo y Turismo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, defendió que lo que hace la ley es "revalorizar los bienes integrantes del patrimonio histórico", mejorar la gestión de ese legado y garantizar su conservación haciéndolo compatible con la actividad económica.

Según Mariño, la ley recoge "principios novedosos" basados en los de la UNESCO y otros organismos y constituye "un modelo que entiende el patrimonio como algo vivo, porque el patrimonio de la Comunidad de Madrid puede y debe seguir acomodándose a la realidad", estableciendo "equivalencias entre su conservación y mejor aprovechamiento económico y también social".

La consejera destacó la importancia del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico que se va a crear, así como que se simplifica la normativa, se eliminan duplicidades y los ayuntamientos ganan en autonomía, y ha pedido a la oposición antes de la votación "altura de miras y visión de futuro" en lo que respecta a esta ley, "porque es el futuro de nuestro patrimonio".

El diputado socialista Modesto Nolla criticó por su parte que el PP haya metido una enmienda sobre suelo y Eurovegas, y ha advertido de que "la consecuencia de esta ley va a ser que las futuras generaciones de madrileños recibirán un patrimonio histórico deteriorado, al igual que van a recibir peor educación, peor sanidad, peores servicios a los dependientes".

"Hoy será un día negro para el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, porque es un texto aberrante que favorece el expolio y la destrucción del patrimonio histórico de nuestra comunidad", aseveró Nolla, quien ha mencionado la oposición de "expertos, catedráticos, arqueólogos, arquitectos y entidades en defensa del patrimonio histórico".

Tras recordar que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, se preguntó cómo se va a cumplir este mandato con una norma que, entre otras cosas, "implica que basta con guardar en un cajón la solicitud de un propietario particular durante dos meses para que ese propietario pueda hacer las obras que le vengan en gana en un bien protegido del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, el portavoz de IU en la materia, Joaquín Sanz, criticó que el PP "no ha tenido ganas de buscar ningún tipo de acuerdo ni consenso" en torno a esta ley, que "viene a desregular todo lo que es la defensa del patrimonio histórico", a pesar de que la ley anterior fue aprobada por todos los grupos.

"Si la ley era mala, peor fueron las enmiendas que se introdujeron a última hora para ponerse al servicio de Adelson o de alguien más", dijo, en referencia a la enmienda con la que se modifica el artículo 45.5 de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo para obligar a los Centros Integrados de Desarrollo, como Eurovegas, a llevar a cabo las inversiones comprometidas para no perder proporcionalmente el monopolio de diez años que les corresponde.

Sanz advirtió de que la ley podría permitir que si se descubriera una villa romana en un solar quedara "para beneficio" del propietario de ese terreno. Además, avanzó que tratarán de cambiarla en el Congreso de los Diputados, Bruselas e incluso, en la UNESCO.

En palabras del portavoz de UPyD en la materia, Juan Luis Fabo, la ley contiene elementos concretos que producen "una disminución muy notable del grado de protección sobre los bienes culturales".

"Creemos que, de hecho, ese es el objetivo de la ley, modificar a la baja el grado de protección", ha manifestado. "Esto se hace en favor de una gestión económica más rentable a corto plazo", consideró Fabo, quien ha apostado por "una buena gestión económica pero no a costa de la protección, que es claramente lo que hace" la nueva ley.

También hizo hincapié en la "posición inamovible" del Gobierno regional en lo que respecta a las más de veinte enmiendas parciales presentadas por su grupo, "en busca de una modificación que atenuase esas herramientas que se introducen, como el silencio positivo, el acortamiento de los plazos, todas ellas dirigidas a producir esa disminución en el grado de protección".

La ley establece que el Gobierno regional asesorará a los promotores de nuevos proyectos económicos para hacerlos compatibles con la protección de los edificios desde un comienzo con el fin de ahorrar en trámites y modificaciones posteriores.

Con el anteproyecto de Ley se establecerán dos niveles de protección: un régimen de BIC (Bien de Interés Cultural) y un segundo régimen de protección equivalente a los bienes incluidos actualmente en inventario, que pasa a denominarse Bienes de Interés Patrimonial (BIP), todo ello, sin perjuicio del deber genérico de conservación para cualquier bien integrante del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y de la protección urbanística que se llevará a cabo por parte de los ayuntamientos.

Los procesos de protección de los BIC y BIP quedarán en manos de la Comunidad, mientras que los consistorios velarán por la protección del resto de los inmuebles catalogados que puedan tener valor histórico, con independencia del año de construcción.

Asimismo, los propietarios de inmuebles situados en el entorno de edificios y lugares protegidos podrán realizar obras en el interior de sus edificios sin autorización. Por otra parte, la Comunidad deberá contestar en un máximo de dos meses a las solicitudes de intervención en cualquier BIC o BIP y si no hay respuesta, el silencio administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP.