El Pleno del Parlamento andaluz, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, han rechazado una proposición no de ley del PP-A en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a derogar su decreto ley del litoral por sus "efectos perniciosos" sobre el turismo de la comunidad y que apoyara la aprobación de la modificación de la Ley de Costas del Gobierno de la Nación que dará "seguridad jurídica" a los municipios costeros y, en especial, a los chiringuitos.

En la citada iniciativa también se pedía que el Parlamento instara al Consejo de Gobierno de la Junta a "restablecer" las ayudas para balizamiento y limpieza de playas a los municipios del litoral andaluz como apuesta por el "turismo de calidad y excelencia que debería proteger e impulsar el Gobierno andaluz". También se reclamaba que el Consejo de Gobierno restablezca las ayudas para el balizamiento y limpieza de playas.

En defensa de la iniciativa, la diputada Alicia Martínez ha considerado que los miembros de la Junta deberían valorar los "los efectos positivos que va a generar para el turismo, el empleo, la conservación, la protección y la inversión" la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo central y derogar su decreto ley relativo a esta materia porque no supone más que "la huida de la inversión de localidades del litoral de Andalucía por la inseguridad jurídica que genera" esta normativa.

Martínez ha defendido que el turismo de sol y playa es el principal activo turístico de Andalucía y el principal sostén económico de buena parte de los andaluces que habitan las provincias del litoral, por lo que se necesita un "instrumento eficaz de protección y conservación" que compatibilice la protección del espacio natural con actividades económicas que generen empleo y riqueza, principios éstos que "inspiran la recientemente aprobada Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas" acometida por el Ejecutivo central.

Asimismo, ha asegurado que este cambio normativo a nivel estatal traerá "más claridad, transparencia, más protección contra las construcciones y edificaciones ilegales, más seguridad jurídica y, al mismo tiempo, más empleo" a Andalucía frente al decreto ley del litoral de la Junta —al que han denominado alguna vez "decretazo"— que "es una norma impulsada por el Gobierno andaluz de espaldas a los municipios y que está aprobada para limitar aún más la autonomía municipal y para confirmar la estrategia de confrontación continua con el Gobierno de la Nación".

PSOE-A

Critica el uso "privativo" de la costa

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Fernández Ferrera ha querido dejar claro el apoyo del Gobierno andaluz al turismo, el empleo y la protección del medio ambiente. En su opinión, la modificación de la Ley de Costas que pretende llevar a cabo el PP es una "amenaza" porque no promueve espacios libres en el litoral, sino un uso "privativo" al servicio "de unos pocos". "No vamos a dejar que nos hurten nuestro litoral", ha añadido.

Fernández Ferreras, que ha advertido de que dicha reforma está generando "bastante preocupación" en los sectores afectados, ha destacado también que esta modificación solo está avalada por el PP, que no cuenta con ningún apoyo de otra formación del arco parlamentaria. En lo que se refiere al decreto-ley de la Junta, ha dicho que busca la excelencia turística y que huye del modelo económico basado en la especulación "y que solo trae pan para hoy y hambre para mañana".

Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha apuntado que la modificación de la Ley de Costas que pretende llevar a cabo el Gobierno de la Nación altera el dominio público terrestre "favoreciendo la especulación" y primando los intereses económicos sobre los medio ambientales. "El medio ambiente se somete a un proceso de mercantilización", ha advertido la parlamentaria.

Tras mostrarse convencida de que hacen falta modificaciones en la actual Ley de Costas, fundamentalmente para mejorar aspectos proteccionistas, Pérez ha manifestado que el decreto del litoral de la Junta ha estado condicionado por la entrada de IU en el Gobierno andaluz. "Ha sido una herramienta para frenar desarrollos urbanísticos que aumentan la presión sobre nuestras playas", ha concluido.