La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar como imputados el día 17 de junio al dueño de Uniter, José González Mata, y el día 19 del presente mes al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y a su mujer, María José Marcos Férriz, matrimonio que ya compareció en marzo ante la juez en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.

En una providencia dictada el pasado 10 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar el 17 de junio a González Mata, cuya declaración estaba pendiente desde la operación 'Heracles' desarrollada en marzo, dentro de la cual el Instituto Armado investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Asimismo, la juez ha vuelto a citar "a fin de ampliar sus declaraciones en calidad de imputados" a Antonio Albarracín y a su esposa, el primero de los cuales salió recientemente de prisión tras abonar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras que la segunda quedó en libertad con cargos tras comparecer en marzo ante la magistrada.

El mismo día 19 de junio, la juez ha citado a declarar como imputada a la exdirectiva de Vitalia María Ascensión de la Cruz Antona, quien, a juicio de la magistrada, "se prestaría a figurar como administradora en Vitalia Vida y a intervenir formalmente en determinados actos y negocios jurídicos con la finalidad de actuar como una pantalla, de forma que quedara oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de la empresa".

El nombramiento de un administrador judicial para uniter

La declaración de González Mata se encontraba pendiente desde el pasado mes de marzo, periodo de tiempo desde el cual la juez ha ordenado el bloqueo de un total de 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..

Precisamente, el pasado martes se celebró una comparecencia en la cual tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía y el abogado del dueño de Uniter solicitaron a la juez que nombrara un administrador judicial para Uniter y Cureña, pero la magistrada aplazó dicho nombramiento y dijo que no tomaría ninguna decisión al respecto hasta que tomara declaración al imputado, lo que se producirá por fin la próxima semana.

En este sentido, el letrado de González Mata señaló que Uniter y Cureña, debido a este bloqueo, "no pueden hacer frente a sus obligaciones tributarias", lo que está provocando "el embargo del patrimonio" de las compañías y, por ello insistió en la necesidad de nombrar a un administrador judicial.

La declaración de albarracín

Al hilo de ello, Cosano consideró "perentorio" que se nombre este administrador judicial, de manera que se permita a González Mata "pagar a sus trabajadores, a los bancos, a la Seguridad Social y a Hacienda" porque de lo contrario Uniter y Cureña "van a desaparecer, haciéndole un flaco favor" al procedimiento judicial que instruye Mercedes Alaya.

La actual situación "está provocando que los bienes desaparezcan y que nadie pueda cobrar", señaló el abogado, quien ha precisado que los trabajadores no cobran sus nóminas desde el pasado mes de abril y que un total de 25 familias dependen directa o indirectamente de Cureña y Uniter.

De su lado, Albarracín y su mujer ya declararon el pasado mes de marzo ante la juez, destacando que el primero de ellos aseguró en su comparecencia que "los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta", pues "teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían", añadiendo que "piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo —el dinero público— no echaban cuenta".

La juez imputó al exdirectivo de Vitalia sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil, ordenando su ingreso en prisión sin fianza, aunque posteriormente la Audiencia Provincial estimó el recurso del imputado y lo dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros, cantidad que depositó a los pocos días para poder abandonar la cárcel.