Los sectores que han motivo las reclamaciones, consultas y quejas de los consumidores y usuarios en los seis primeros meses de este año han sido, en un 29 por ciento de los casos, las entidades financieras. Así se desprende del informe del primer semestre del año del Observatorio de Consumo de la Región, en el que se advierte que esta cifra "se duplicará en el informe anual por las reclamaciones sobre las cláusulas suelo de las hipotecas".

Según el presidente de esta organización, Pedro Valera, "los teléfonos están ardiendo y los correos electrónicos igualmente", además de que en la actualidad "hay movilizadas unas 270 personas que ya han acudido a nuestras sedes para gestionar esa mediación".

El objetivo es "conseguir esa devolución que, en algunos casos, se calcula que son 1.800 euros los que se debería de devolver al consumidor por hipoteca".

En esta línea, considera "acertada" la decisión de Cajamar y del BBVA, de retirar las cláusulas suelo de "todas sus hipotecas" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya emitido un auto aclaratorio en el que se reafirma en la sentencia por la que las declaraba nulas si ha habido falta de transparencia o información a los usuarios bancarios.

Sin embargo, pone de manifiesto que "donde se da un mazazo en la economía familiar es en la no aplicación a partir de mayo con carácter retroactivo de la demanda de los intereses de esas cantidades, cobradas indebidamente en base a la sentencia del Supremo". "No están los intereses incorporados a ese cobro indebido, siendo esta una parte de la sentencia que no consideramos justa", ha reprobado Valera.

Al hilo, ha adelantado que la próxima semana van a poner en marcha una campaña que visitará las distintas comarcas de la Región para "informar directamente sobre este asunto, ya que hay una desinformación tremenda a las personas".

Lo que se pretende, ha precisado, es "que recopilen la documentación, examinen sus contratos y traten de hacer esa mediación con el banco para que le devuelva esa cantidad o si no, para acudir a la vía judicial".

Por ello, pide la "puesta a disposición por parte de la Administración regional de los medios necesarios que permitan a las asociaciones de consumidores representar judicialmente las reclamaciones a las entidades bancarias por la aplicación de cláusulas suelo en los contratos hipotecarios".

Cierre de 20

Oficinas de atención al consumidor

En dicho informe se pone de manifiesto que la crisis económica y la desprotección social "han hecho que el consumidor esté abandonado a su suerte, al mismo tiempo que la Administración ha dado la espalda al consumidor a la hora de defender sus derechos".

A ello se une también el cierre de oficinas de consumidores, que ha supuesto hasta un 50 por ciento, según Valera, que precisa que "son unas 20 oficinas de atención al consumidor las que han echado el cierre".

De esta forma, ha anunciado que "en las próximas semanas" pondrá en marcha un teléfono gratuito de atención para personas que han quedado desamparadas en materia de consumo.

En la línea de reclamaciones, considera "urgente" definir un sistema de protección al consumidor, "con un plan estratégico que sitúe las políticas de defensa del consumidor y usuario en el plano social y de defensa de la economía familiar que le corresponde, ya que se encuentra en una posición marginal".

Además de las entidades financieras, que representan un 29 por ciento de las reclamaciones, consultas y quejas de los consumidores y usuarios en los seis primeros meses del año, las operadoras de telefonía móvil, fija e internet suponen el 48 por ciento, según Valera.

Dentro de este sector de la telefonía, advierte de un incremento sustancial "en el número de atenciones por la inclusión abusiva de los usuarios en la lista de morosos". Y es que, ha resaltado, "es de verdadera alarma social los abusos masivos de las compañías de telefonía móvil a las que cabe sumar los despachos de abogados y asesorías de gestión de cobros".

El resto, es decir, el 23 por ciento "se engloban en un bloque en el que se encuentran otros sectores, como seguros, reparación a domicilio y compañías de gas, luz, agua, vivienda y comercio, entre otros, y se incrementan las fórmulas contra el sistema sanitario".

Además, el presidente de UCE-RM ha indicado que "la reducción de atenciones y reclamaciones se debe a la desconfianza y la sensación de desprotección del consumidor hacia la posibilidad real de que sea escuchado y atendido".

Entre otras propuestas, Valera ha pedido a la Comunidad que proponga a la Conferencia Sectorial de Política de Protección al Consumidor, en la que se encuentran todas las CCAA y el Ministerio de Sanidad, la "exigencia de un consenso para poner fin a la impunidad en las malas prácticas y los abusos de las operadoras de telefonía móvil, telemáticas e Internet".

Así como el establecimiento "por parte de los colegios de abogados de un estricto código de buenas prácticas para acabar con las implicación de abogados en los abusos en las gestiones de cobro en el ámbito de las operadoras de telefonía móvil, en especial para la inclusión en las listas de morosos a personas que se encuentran en un proceso de reclamación a las compañías, por una facturación incorrecta, abusiva o simplemente de un consumo irreal".

Tras dejar clara la "inseguridad en el consumo y la desconfianza" del consumidor y usuario", Valera ha precisado que el número de reclamaciones en las que el consumidor solicita el resarcimiento del daño ante la empresa o compañía reclamada se reduce hasta 319, frente a las 537 del primer semestre del pasado año.

No obstante, se incrementan las denuncias, al pasar de 4.742 a 4.913 este año con respecto al mismo periodo en 2012; y aumentan las consultas y asesoramientos, de 778 a 1.133.

Para concluir, ha denunciado públicamente "la reducción de los mecanismos públicos para acceder a las posibilidades de reclamar, de ser atendido o escuchado".

Ha hecho referencia a la "promoción e implantación de un sistema público arbitral de resolución amistosa de conflictos de consumo, la nula producción normativa de garantía y seguridad de los derechos, así como la protección de sus intereses económicos y el cierre y la nula dotación de oficinas de atención al consumidor".