La Junta de Andalucía vuelve a aplicar su decreto antidesahucios para expropiar temporalmente dos viviendas de Granada a entidades financieras. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta mañana el anuncio del inicio del expediente de expropiación de estos inmuebles, ubicados en los municipios de Motril y Charches-Valle del Zalabí.

Ana Prieto Coca y Margarita Yolanda Cabana, residentes en las viviendas, presentaron en la Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda de Granada las pertinentes solicitudes para iniciar el procedimiento de expropiación forzosa que recoge el decreto ley sobre función social de la vivienda que aprobó en abril pasado la Administración andaluza.

Aportaron toda la documentación necesaria y se abrieron los expedientes tras comprobar que ambas residentes cumplen todos los requisitos exigidos (contar solo con ese inmueble como residencia habitual, estar en una situación económica que haya sufrido un "deterioro" a consecuencia de la crisis...) y corren riesgo de quedar excluidas de la sociedad si finalmente son desahuciadas por las entidades bancarias.

Ahora se abre un periodo de información pública de estos expedientes para que titulares y otros interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias antes de declarar de interés social la cobertura de necesidad de vivienda y la necesidad de ocupación. La entidad propietaria de las viviendas, Caja Rural de Granada, cuenta con un plazo de 15 días para alegar.

Las viviendas se localizan en el número 28 de la calle Azorín de Motril y en el número 4 de la calle Atocha del municipio granadino de Charches-Valle del Zalabí. Las afectadas cuentan con "amplias familias", según la Junta.

El proceso de expropiación efectiva puede prolongarse durante tres o cuatro meses, según cálculos de la Administración. A partir de ahí, estas familias tendrán que pagar a la entidad financiera un alquiler social. Si no pudiesen hacerlo, la Junta abonaría el importe.

Para la consejera de Fomento, Elena Cortés, las dos nuevas expropiaciones suponen un "elemento de justicia social" y tienen como objetivo que "dos familias se mantengan en su vivienda, de manera que protejamos el elemento claro que sitúa el decreto ley que es la función social de la vivienda".

Se trata del segundo y tercer caso de expropiación que el Ejecutivo andaluz lleva a cabo tras la efectuada a finales del pasado mes de mayo sobre una vivienda de Huelva capital.