La huelga general convocada este jueves en Grecia en protesta contra el cierre de la radiotelevisión pública ERT ha tenido un seguimiento desigual: masivo en el sector público y prácticamente nulo en el privado. No obstante, las manifestaciones celebradas en las principales ciudades del país han sido secundadas por miles de personas, que se congregaron ante las respectivas sedes de la cadena.

En esta tercera huelga general del año, el transporte público prácticamente quedó inmovilizado, en los hospitales solo hubo servicios mínimos y los bancos permanecieron cerrados. En el transporte aéreo hubo retrasos pero no cancelaciones y el resto de la vida cotidiana funcionó con completa normalidad, con comercios abiertos y una industria plenamente operativa.

En Atenas, donde se encuentra la sede central de la ERT, entre 10.000 y 20.000 personas, dependiendo de las fuentes, se congregaron ante el edificio en una manifestación que reunió a ciudadanos de todas las edades y condiciones. Imágenes similares se vivieron en otras ciudades, como Salónica, sede del tercer canal de la televisión pública ERT3, desalojada el miércoles por la Policía antidisturbios.

Aunque nadie en Grecia pone en duda la necesidad de reformar el ente público, que durante años ha visto crecer el número de personas nombradas por los distintos gobiernos o partidos y con sueldos astronómicos, el cierre sin previo aviso ha indignado a todos. La huelga general fue convocada con solo un día de antelación en un llamamiento urgente de solidaridad con los 2.600 trabajadores despedidos.

"Lo que queremos es que acabe este fascismo, porque lo que está ocurriendo es puro fascismo, con la Policía antidisturbios cortando las señales de televisión. Estamos hartos", explicaba Eleni, ama de casa que participó en la manifestación. El Gobierno griego ha amenazado con sancionar a los medios locales que retransmiten el programa de información continua que siguen ofreciendo los trabajadores de la televisión pública ERT, pese a su cierre.

La retransmisión con la señal de ERT "es una emisión sin permiso y, por tanto, ilegal", advierte un correo electrónico enviado por el departamento de Finanzas a los medios que están respaldando a los periodistas de ERT y firmado por un "consejero del ministro (de Finanzas) Yannis Sturnaras". Asegura que "a los que sigan trasmitiendo les serán impuestas las sanciones previstas por la ley".

En medio de todo esto corre el rumor de elecciones anticipadas. Ningún miembro del Gobierno lo dice abiertamente, pero tanto los analistas políticos como la oposición no hablan de otra cosa en los pasillos. Entre los argumentos que se aducen figura el hecho de que el Gobierno está más dividido que nunca. El cierre de ERT no ha sido más que un nuevo episodio de desencuentros, y los tres líderes de la coalición han acordado mantener el próximo lunes una reunión..

A ello se añade, según los analistas, que la "historia del éxito griego" que presenta Samarás de puertas afuera no se corresponde con una realidad en la que las cifras siguen sin cuadrar, con un desvío presupuestario previsto a medio plazo y un resultado prácticamente nulo del programa de privatizaciones, uno de los pilares del acuerdo con la troika (FMI, BCE y Comisión Europea).