Las partes implicadas en el juicio por el derrumbe del edificio del Cabildo de Arriba han alcanzado este miércoles un acuerdo parcial, por el que se rebaja de 4 a 2 años la pena de prisión y se deja en 2 la inhabilitación profesional para el ingeniero Carlos Iturriegui mientras que se le retira al constructor Adolfo Menocal, que únicamente deberá pagar una multa de 1.500 euros.

Al ingeniero, se le imputan tres delitos de homicidio imprudente —uno por cada fallecido— uno de lesiones imprudentes y otro de daños imprudentes. Sin embargo, al constructor se le imputan tres faltas de homicidios imprudentes, una falta de lesiones y un delito de daños imprudentes.

Antes del acuerdo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares pedían cuatro años de prisión y seis de inhabilitación profesional para cada uno por delito de homicidio imprudente, como responsables de las obras realizadas en el edificio contiguo al que se vino abajo en el número 14 de la Cuesta del Hospital el 8 de diciembre de 2007.

CAMBIOS

Ahora, se considera como atenuante de reparación del daño como muy cualificada, algo que se ha añadido en la modificación del escrito de calificación provisional de la Fiscalía, tras el acuerdo parcial al que han llegado todas las partes.

En él, se especifica que han sido consignados 600.000 euros por parte del ingeniero Carlos Iturriegui y de su aseguradora, la compañía Caser.

En su escrito, la Fiscalía ha añadido, entre otras modificaciones, un párrafo en el que se indica textualmente que "la decisión de desalojar a los ocupantes del edificio así como las instrucciones de cómo éste debía de llevarse a cabo fue competencia de Carlos Iturriegui, que fue la persona que, en última instancia, optó por dicho desalojo sin adoptar medida alguna que garantizase el efectivo abandono del inmueble".

Se continúa indicando que "el otro acusado no tuvo participación en la ya referida decisión ni se le otorgaron competencias para garantizar el efectivo abandono".

Además, se suprime la parte que hace referencia a que uno de los heridos en el derrumbe, Francisco Gómez Colmenero, al encontrarse en el edificio, no había accedido a desalojar la propiedad.

En el apartado relativo a la responsabilidad civil y las indemnizaciones también se han introducido algunas correcciones.

El juicio se mantiene

El acuerdo, que se ha formalizado justo antes de iniciarse la vista, sólo afecta al ámbito penal ya que las partes no han podido alcanzar una postura común sobre la responsabilidad civil y las indemnizaciones, por lo que la por lo que el juicio se mantiene, al reducirse el número de personas que tendrán que declarar.

El juicio ha comenzado con un retraso de unas dos horas y, tras las cuestiones previas planteadas por las partes, se ha dado inicio a las declaraciones de los responsables civiles subsidiarios.

Responsables civiles

Así, ha declarado Carlos Liaño, socio de Iturriegui y propietario junto con él de la empresa Ingenía, que fue la que fue contratada por la Comunidad de Propietarios del edificio número 12 del Cabildo de Arriba, el que estaba en obras cuando se derrumbó el 14; y el constructor Adolfo Menocal, no como acusado, sino como representante legal de su empresa Memecons.

También como responsables civiles subsidiarios han declarado otras cuatro personas, coopropietarios del inmueble número 12, cuyas obras, según el fiscal, pudieron afectar al edificio que se cayó.

En su declaración, Liaño ha narrado cómo la Comunidad de Propietarios del número 12 del Cabildo de Arriba contrató a Ingenía, cuya titularidad compartía con Iturriegui, para la realización de un proyecto de obra y luego para el control de la obra.

Sin embargo, ha explicado que a todas las reuniones con los propietarios acudió Iturriegui, que era quien tenía la dirección de obra y tomaba las decisiones. Según ha dicho, la empresa sólo firmó el proyecto de obra.

A continuación, le ha llegado el turno al constructor, que, sin embargo, se ha negado a contestar a preguntas de las partes, a excepción de una planteada por una de las letradas de la defensa sobre el contrato que su empresa tenía suscrito con la aseguradora La Estrella.

Menocal ha ratificado que existía contrato con esta aseguradora, considerada responsable civil directa y que se niega a pagar alegando "ausencia de cobertura".

Tras ambos, le ha llegado el turno al presidente de la Comunidad de Propietarios del número 12, P.M.R., que era uno de los coopropietarios de un inmueble y un bajo junto a su mujer.

Ha mantenido que el Ayuntamiento de Santander fue el que les "ordenó" llevar a cabo una reparación del tejado y de las fachadas.

Ha señalado que, para ejecutarla, y antes de contratar a la empresa de Iturriegui, se habló con otra, si bien ésta lo rechazó al no considerarse capacitada para realizar la obra por lo que fue sustituida por Ingenía, que fue la que habló de que había que reforzar la estructura.

P.M.R. ha reconocido que el proyecto de Iturriegui era "más grande" de la inicialmente prevista —y también su coste pues se pasaba de unos 40.000 euros a 300.000—, si bien ha explicado que "no sabía" si las licencias de obra que ya tenía seguían vigentes o había que modificarlas.

"De las licencias no sabía nada", ha dicho el presidente de la Comunidad de Propietarios, que ha explicado que pensó que de esa cuestión se tenían que encargar los responsables de la obra.

Además, ha señalado que fue un técnico del Ayuntamiento de Santander quien les habló de la posibilidad de instalar un ascensor.

También ha declarado la esposa de P.M.R. como responsable civil subsidiaria por se copropietaria junto a su marido de un piso y un bajo. Sin embargo, esta se ha limitado a señalar que desconocía el alcance de las obras pues era algo que "llevaba" su esposo.

A las obras, también se han referido una inquilina de este edificio y uno de los copropietarios.

La mujer ha apuntado que, al principio, con las obras, se preveía hacer sólo "un poco de lavado" al edificio, si bien luego se les explicó que había que "arreglarlo mejor" y "reforzar la estructura" del edificio y "cabía la posibilidad" de instalar un ascensor.

"Las obras eran eso, ahora ya cómo se haga", ha dicho la mujer, quien ha reiterado que no era ingeniera y "no tenía ni idea" de lo que las explicaciones del ingeniero ni de cómo se iban a ejecutar.

Así, ha explicado que por eso se contrató al ingeniero y al constructor. "Ellos sabrán cómo hacerlo para que no pase nada", ha apuntado.

La mujer ha confirmado que fue el Ayuntamiento de Santander el que les requirió que se realizasen obras en el inmueble. "Personal del Ayuntamiento ha ido y aquí no veo yo a nadie del Ayuntamiento", ha explicado durante su declaración.

Por su parte, el otro hombre que ha declarado ha explicado que puesto que vive en Barcelona estuvo en "pocas" reuniones sobre la obra.

Sin embargo, sí ha reconocido que en alguna si coincidió en alguna con el ingeniero a explicarles el proyecto, que habló de que había que reforzar las estructuras "por petición del Ayuntamiento".

Sin embargo, a preguntas de uno de los letrados de la acusación, ha aclarado que, "que él sepa", no existe un requerimiento por escrito del Consistorio exigiendo que se reforzase la estructura y ha explicado que le "parece" se hizo "de palabra".

Este mismo letrado ha precisado que el Consistorio pidió por escrito que se realizaran obras en las fachadas y en las cubiertas.

El juicio se retomará el viernes, cuando está previsto que declaren los testigos; continuará el lunes con la declaración de los peritos y terminará el martes con las conclusiones de las partes.