El Índice DEC sobre Servicios Sociales puntúa con un 6,85 el sistema de la Junta, pero califica de "medio-bajo" su desar

Cifra la caída presupuestaria en un 8,6 por ciento en 2012

El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC), elaborado por la Asociación de Gerentes y Directores de esta materia en España, ha valorado con un 6,85 el sistema de prestación de la Junta de Castilla y León, que ocupa el cuarto lugar entre las comunidades autónomas -por detrás de País Vasco, Navarra y La Rioja—, aunque califica de "medio bajo" el nivel de desarrollo de esta materia durante el último año.

El informe concluye que, de media, el desarrollo de los servicios sociales en España es más bien débil, con una nota media de 4,92 puntos y va a peor por los recortes, "casi 500 millones de euros en cuarto años". Comunidad Valenciana tiene un 0,6; Canarias un 2; Madrid un 2,75 y Murcia un 2,8. Castilla y León, obtiene una nota más elevada, con un 6,85, como fruto de un cálculo que valora por un lado los derechos y la decisión política, por otro la relevancia económica y, por último, la cobertura de servicios.

Junto a las comunidades autónomas donde el desarrollo de los servicios sociales se considera "irrelevante" figuran también Galicia, con un 3,65 y Andalucía, que está en un 4,40. Si bien tienen más nota que otras regiones, no han alcanzado la excelencia en ninguno de los tres grandes ámbitos a examen, condición imprescindible para entrar en mejores categorías.

En el nivel inmediatamente superior, con un desarrollo "débil" de los servicios sociales, se sitúan Extremadura y Baleares, y ya en el tramo "medio bajo" aparecen Castilla y León (6,65), Cantabria (6,60), Cataluña (6,35), Asturias, Castilla-La Mancha (6,25) y Aragón (5,95). En el nivel "medio" están País Vasco (7,15) y la Rioja (6,85) y, en el top aparece Navarra (7,35), la única cuyos servicios sociales son considerados de nivel "alto" por el estudio.

El coordinador del estudio, Luis Barriga, ha destacado que existe una correlación entre los niveles de pobreza y el desarrollo de los servicios sociales en cada comunidad. De hecho, las tres comunidades con mejor calificación en el índice DEC son "las únicas donde se ha reducido el nivel de pobreza durante la crisis económica", según ha señalado.

Recortes del 8,6

Por ciento

En términos económicos, Los mayores recortes en términos relativos se han producido en Baleares, con un descenso del 36,39 por ciento (43,4 euros menos por habitante y año); seguido de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno ha aplicado un recorte del 26,74%. Le siguen Galicia (18,65%), Canarias (18,51%), Navarra (15,89%), Castilla y León (8,6%), Extremadura (6,63%), Andalucía (3,61%), País Vasco (2,93%) y Aragón (2,26%).

Por el contrario, han incrementado la partida de Servicios Sociales pese a la crisis económica Comunidad Valenciana (14,69%, con 21,96 euros más por ciudadano y año), Asturias (8,97%), La Rioja (7,83%), Comunidad de Madrid (5,18%), Cataluña (2,68%), Murcia (1,16%, que son 31 céntimos más por habitante y año) y Cantabria (0,25% que suponen 10,37 euros más por ciudadano).

En términos generales, el informe refleja una caída del 3,64 por ciento del presupuesto entre 2009 y 2012 a nivel autonómico, con una merma de 478 millones de euros, lo que significa un descenso medio del 1,75 por ciento en el gasto por habitante. No obstante, se dan "enormes desequilibrios" entre los distintos territorios, donde un mismo español puede recibir servicios con una dotación hasta diez veces mayor.

"Estas grandes diferencias tienen su origen en una extrema disparidad en el gasto (...) Lo más preocupante es que se van incrementando", explica el informe, para incidir en que en 2011 la brecha entre la que destinaba más (773,21 euros) y la que destinaba menos (119,83 euros) estaba en el 545 por ciento y ahora asciende al 941,78%, entre lo que destina País Vasco por ciudadano y año (796,13 euros) y el presupuesto para lo mismo de Baleares (76,42 euros).

Estas diferencias se traducen en "enormes desequilibrios" en la atención que recibe cada ciudadano en función del lugar donde resida. Así, mientras en Navarra hay un trabajador en plantilla de servicios sociales por cada 814 habitantes, en Madrid tocan a un trabajador por cada 6.557 ciudadanos y si en Castilla y León hay 7,42 plazas de residencia por cada cien mayores de 65 años, en Murcia se ofertan "solo 2,37".

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