El abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Silverio Fernández Polanco, ha defendido este miércoles en Gijón que el Plan General de Ordenación (PGO) anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sigue vigente en tanto no haya una sentencia firme, y ha considerado mejor que se hubiera subsanado los defectos formales detectados en lugar de empezar la revisión de un nuevo planeamiento desde 'cero', como ha optado el Ayuntamiento.

Así lo han manifestado a los medios de comunicación con motivo de la jornada organizada por CAC-Asprocon, titulada 'Situación derivada de la anulación del PGO de Gijón' y celebrada en el recinto ferial 'Luis Adaro'.

Fernández Polanco ha insistido en que mientras el Tribunal Supremo no resuelva el recurso de casación, algo que podría tardar de uno a dos años según sus estimaciones, el PGO puede seguir desarrollándose. "Una ciudad como Gijón no se merece la incertidumbre jurídica en materia de planeamiento general que viene sufriendo desde hace tiempo", ha sostenido.

Ha matizado, asimismo, que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial tanto si deja de ejecutar el PGO como si lo desarrolla, ya que dependerá todo de lo que falle el Tribunal Supremo. Dicho esto, ha concretado que, a su juicio, ejecutando el plan y advirtiendo de que está pendiente resolver la sentencia del Supremo, los riesgos son menores, y que si el Tribunal anula la sentencia, el retraso en los desarrollos urbanísticos sería indemnizable y, por tanto, más costoso.

También ha apreciado que no había visto "nunca" una sentencia como la del TSJA, que lleve a una anulación completa del PGO por un defecto formal. Es por ello, que ha considerado "desproporcionada" esa sentencia. Para él, siendo un defecto tan nimio, si hubiera voluntad política se llegaría a un consenso y se sacaría a exposición pública, e incluso con la posibilidad de que se introduzcan cambios.

En el caso del abogado Julio Castealo, ha coincidido con Fernández Polanco en que en lugar de empezar de 'cero' es mejor cumplir la sentencia, subsanando errores, para exponer al público con esos documentos que faltaban, e incorporar los documentos que faltaban. Si hubiera voluntad política, a su juicio, con muchísimo menos tiempo habría una aprobación definitiva. A esto ha unido que empezar de 'cero' cuesta más tiempo y dinero, que sale de los impuestos de los contribuyentes.

Por parte de la patronal de la Construcción asturiana, el director de CAC-Asprocon, Daniel García-Balbín, ha destacado que choca con el interés general revisar de forma íntegra el PGO desde 'cero', en lugar de arreglar los defectos que figuran en la sentencia. "Es un problema de chapa y pintura y no de motor", ha resaltado.

Llamamiento al diálogo

Para él, la vía elegida por el Ayuntamiento es mucho más complicada, costosa y alargada en el tiempo, y no se va a acabar en esta Legislatura, por lo que se corre el riesgo de que llegue una nueva Corporación que quiera introducir sus propios cambios, con lo que se estaría, según él, en "el día de la marmota" y se acabe sin PGO en los próximos diez años.

Al igual que los expertos juristas, ha insistido en que en cuanto no haya una sentencia firme, el PGO es "vigente", por lo que quien solicite una licencia con base a este y encuentre una respuesta negativa por parte del Ayuntamiento, está en su derecho de presentar una reclamación por una responsabilidad patrimonial deriva de un anormal funcionamiento, como ha ocurrido ya en el caso de Promociones Moro.

"También hay figuras jurídicas en las que cuando actúas mal a sabiendas estás en otro campo", ha agregado sin querer entrar en más detalle. Unido a ello, respecto a las declaraciones de la concejala de Urbanismo, Lucía García (Foro), sobre posibles presiones de promotores y constructores, ha apuntado que "la presión es de todo el mundo", antes de lamentar que se recurra a 'pintar' a un promotor con cara de malo como excusa de un político que "no tiene una actuación fácil de explicar".

Ha recalcado que no son solo los promotores los afectados, sino que hay presiones también de particulares que quieren construir en sus fincas e incluso de administraciones que necesitan hacer un vial. El PGO, para él, es algo fundamental para el desarrollo de la ciudad y no solo una cuestión de promotores. De hecho, ha remarcado que la jornada organizada este día trataba de evitar reducir el problema a una problemática de constructores y promotores.

Junto a él, el vicepresidente de CAC-Asprocon, Jesús Rimada, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que hagan el esfuerzo necesario y lleguen a un acuerdo para consensuar un PGO con el que poder trabajar en los próximos 10 o 15 años. En su opinión, la edil de Urbanismo "no estuvo muy afortunada" en sus declaraciones, especialmente cuando expertos jurídicos coinciden en que no era necesario empezar de 'cero' para introducir los cambios que quería en el planeamiento urbanístico.