Un total de 26 personas recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia han manifestado haber sufrido "violencia por parte de algunos policías" durante 2012, según se recoge en el informe '¿Cuál es el delito?', elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE, la plataforma que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que acompañan a los internos desde hace tres años.

El estudio será presentado este jueves en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) por el catedrático Javier de Lucas y Ana Fornés, la portavoz de la campaña, informa la institución académica en un comunicado.

El documento precisa que estas denuncias se refieren a "insultos, vejaciones, castigos colectivos e, incluso, malos tratos físicos, como los que denunciaron ocho internos en el juzgado de Valencia por haber sido víctimas de palizas".

También alude a denuncias de años anteriores, como "la acusación en 2010 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela donde pasó la noche antes de ingresar en el CIE y palizas colectivas de finales de 2010 y octubre de 2011 en Zapadores", según estas fuentes.

Además, añaden, se explican "las agresiones a un ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio de 2012". La abogada de la Campaña, Ester Izquierdo, asegura que casi la totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes "no respetando su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos".

El trabajo, consultado por Europa Press, ofrece datos acerca del lugar de la detención, el tiempo de estancia, la asistencia jurídica y la resolución de la situación de internamiento. En este sentido, mantiene que el 19 por ciento de las personas internas han sido detenidas en Valencia capital, el 39 por ciento en otras poblaciones de la Comunitat, el 15 por ciento procedían del resto del Estado español, un 4 por ciento fueron arrestadas y enviadas al CIE en el momento de su salida de prisión tras el cumplimiento de una condena y de un 35 por ciento se desconoce el lugar de la detención.

Además, el 17 por ciento de las personas declaran haber sido detenidas transitando por la calle, seguidos de un 10 por ciento que fueron detenidas en frontera o interceptadas en costa; el 11 por ciento habían sido detenidas en la misma Comisaría de Policía o en alguna institución pública a la que se habían acercado para llevar a cabo algún trámite administrativo; el 7 por ciento en algún transporte público o estación; el 4 por ciento habían sido detenidas en su propio domicilio; otro 4 por ciento a la salida de prisión tras el cumplimiento de una condena; un 11 por ciento habían sido detenidas en otros lugares y un 40 por ciento no lo especificaban.

En relación al período de internamiento, el 19 por ciento de las personas internas superaban los 40 días, un 36 por ciento habían permanecido entre 21 y 40 días y un 19 por ciento menos de 20 días.

Por otro lado, para la mitad de las personas visitadas la resolución de la situación de internamiento había sido la expulsión, un 22 por ciento fueron puestas en libertad y no tenemos referencias del otro 28 por ciento.

Asistencia jurídica

En referencia a la asistencia jurídica en el momento de la detención, en general, la mayoría dicen no comprender el proceso de proceso formal de asistencia.

Durante el período de internamiento un 58 por ciento contaba con un abogado de oficio, un 16 por ciento era atendida por un abogado privado y de un 40 por ciento de las personas visitadas no tenemos referencias.

El informe apunta a cuáles son los principales "factores de vulnerabilidad" frente al internamiento. Entre estas circunstancias, cita las de proceder de otra población (57 por ciento) y, como consecuencia, la ruptura de las redes de apoyo familiar y social, tal y como informan un 37 por ciento.