La Asociación Projusticia ha elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las declaraciones que el presidente de esta institución y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, realizó el pasado día 23 de mayo, cuando dijo que "no es normal ni aceptable" el retraso acumulado por parte de la juez Mercedes Alaya en la toma de declaración a algunos de los imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En el escrito de queja, consultada por Europa Press, la Asociación Projusticia solicita que se abra un expediente disciplinario contra Moliner, ya que considera que estas declaraciones "merecen el correspondiente reproche y la consiguiente sanción por parte del CGPJ, de acuerdo a la legislación vigente y la jurisprudencia al respecto".

Al hilo de ello, la asociación dice en este escrito elevado al CGPJ el pasado 5 de junio que la normativa al respecto "es taxativa" y se ha aplicado en otras ocasiones sobre otros jueces, recordando en este sentido los expedientes disciplinarios abiertos contra María Sanahuja y Santiago Vidal.

En estos dos casos, "se acordó imponer una sanción a ambos jueces por hechos prácticamente idénticos a los que son objeto de esta queja", recordando que "se desestimó el recurso de alzada presentado por uno de los jueces sancionados, ratificando la sanción impuesta".

Tras ello, el Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por uno de los jueces sancionados, confirmando la sanción en sentencia de 10 de abril de 2012.

En una nota de prensa, la asociación recuerda también el caso de la instrucción del caso Palau y la sanción impuesta a los jueces que criticaron la actuación del instructor.

"Para algunos jueces y periodistas, como la Asociación Profesional de la Magistratura, las declaraciones de Gonzalo Moliner son algo más que un comentario más o menos desafortunado, llegando a calificarlas como amenazas", finaliza, confiando en que tanto el CGPJ como el Supremo "mantengan su criterio y jurisprudencia e impongan la correspondiente sanción, con las consecuencias de todo ámbito que habrá de llevar aparejada".

Durante una visita a Sevilla, Moliner aseguró que, "de momento", no se ha planteado la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra la juez Mercedes Alaya, aunque consideró que "no es normal ni aceptable" el retraso acumulado en la toma de declaración a algunos de los imputados en la causa de los ERE.