PP anuncia su rechazo a la delegación de competencias sobre el Guadalquivir por ser "inconstitucional"

La diputada del PP María Teresa de Lara Carbó ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados el rechazo de su partido, por "inconstitucional", a la propuesta del Parlamento andaluz para que Andalucía vuelva a recuperar las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

La diputada del PP María Teresa de Lara Carbó ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados el rechazo de su partido, por "inconstitucional", a la propuesta del Parlamento andaluz para que Andalucía vuelva a recuperar las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Así lo ha dicho De Lara en el transcurso de su intervención en el debate de esta proposición en la Cámara Baja, donde ha señalado claramente que los 'populares' la rechazan "porque es el Tribunal Constitucional quien dice que no hay lugar" a ella. Además, ha preguntado a los socialistas qué pretendían llevando esta iniciativa al Congreso de los Diputados si ya "el Constitucional se ha pronunciado negativamente".

En el debate de la proposición también ha participado la diputada del PP-A Carolina González Vigo, quien ha comenzado su intervención ante el Congreso recordando que si esta iniciativa ha llegado hasta la Cámara Baja es porque "un socialista recurrió el real decreto" de traspaso de competencias —ha dicho en referencia a Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura— y "porque dos socialistas más, el señor Zapatero y el presidente de la Junta, el señor Griñán, no llegaron a ningún acuerdo sobre la gestión del Guadalquivir y la Junta tuvo que devolver las competencias" al Ejecutivo central.

También sobre este aspecto ha llamado la atención De Lara, quien ha justificado la decisión del PP haciendo un "repaso" de los hechos acontecidos entre enero de 2009 y octubre de 2011 —periodo en el que la Junta tuvo las competencias exclusivas de la gestión de la cuenca— y que ha resumido en que estos casi tres años solo sirvieron para que la Junta recibiera un total de "781,15 millones del Estado y de Europa para infraestructuras hidráulicas y medioambientales que no aprovechó" debido a un modelo de gestión "politizado, sin transparencia ni eficacia y en el que han primado los intereses partidistas y localistas", lo que ha considerado un "insulto para los andaluces".

"Los dirigentes de la Junta de Andalucía han consumido más energía en asumir y devolver las competencias sobre el Guadalquivir y colocar a sus amigos que en trabajar por sus ciudadanos", ha añadido para criticar el "victimismo" con que, a su juicio, ahora el PSOE presenta esta iniciativa en el Congreso después de "dejar a España en la quiebra" y a Andalucía en una situación en la que a los ciudadanos "no importa quién tiene las competencias del Guadalquivir", sino "el récord de paro y desempleo juvenil, los bajos índices del nivel educativo en comparación con España y Europa, la abundancia del gasto público o los casos de corrupción institucional como el de los ERE".

Así pues, y tras reprochar a los socialistas que se empeñen en "debates estériles" como el de las competencias del Guadalquivir, ha insistido en que, si bien el río es "fundamentalmente andaluz" por transcurrir sus aguas en más de un 90 por ciento por Andalucía, también es "evidente" que hay otro porcentaje que discurre por Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia y convierte al Guadalquivir en una "cuenca intercomunitaria".

Esto significa, según ha explicado, que el Estado, de acuerdo al artículo 149 de la Constitución Española, es el que "tiene competencia exclusiva sobre los recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma".

Además, ha recordado que tras el recurso de la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el Real Decreto por el que se traspasaron las competencias de este río a Andalucía, fue el Alto Tribunal en 2011 el que, en "dos sentencias" consecutivas, anuló el artículo 51 del Estatuto de Andalucía que otorgaba a la comunidad la gestión exclusiva del Guadalquivir "al entender que rompía la unidad de cuenca" y el que también se "pronunció negativamente (tras otro recurso de Extremadura sobre la gestión del Duero ante Castilla La Mancha) sobre la utilización del artículo 150.2 en el que se sustenta la propuesta que hoy se trae aquí".

Por todo ello, De Lara ha calificado de "inconstitucional" la propuesta del Parlamento andaluz y anunciado el voto negativo de su partido a la misma.

La intervención del pp-A

Minutos antes, la diputada andaluza Carolina González Vigo (PP-A) defendía en su intervención que si hoy estaban en el Congreso de los Diputados era porque el PSOE-A ha "decidido abrir una nueva vía de confrontación sin escrúpulos con el Gobierno de Mariano Rajoy" y por "el fracaso de la negociación" que entablaron tras la sentencia del TC el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Frente a ello, González Vigo ha ensalzado que su partido afronta este debate "con la tranquilidad de haber mantenido siempre el mismo discurso" en torno al Guadalquivir, "un río eminentemente andaluz" para el que el PP, ha recordado, pide el "máximo competencial dentro del marco constitucional".

La 'popular' ha advertido de que durante los tres años en los que la Junta de Andalucía mantuvo las competencias en exclusiva del Guadalquivir "el debate real no era el de la titularidad o las competencias" sino el del "auténtico fracaso" que supuso, en su opinión, la "gestión socialista" de la cuenca.

Por eso ha criticado al portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, por ir al Congreso a tachar de "deslealtad" la actitud del Gobierno central cuando es "la ceguera e incompetencia del Gobierno andaluz" y, en concreto, de su presidente, la que ha provocado este conflicto. "Griñán ha demostrado ser el presidente más anti-andaluz de todos", ha añadido para criticar que sea esta misma ceguera la que "a veces también les hace ocultar algunos escándalos de corrupción" en la comunidad.

Esta referencia al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 ha provocado un gran revuelo en la Cámara, hasta el punto de que la también andaluza Celia Villalobos (que en ese momento sustituía en la Presidencia del Congreso a Jesús Posada) ha tenido que llamar al orden a los diputados para pedirles "capacidad para escuchar las discrepancias, que a veces no es mala", ha añadido con el aplauso de la bancada del PP.

Tras esta pequeña interrupción del debate, González Vigo ha retomado su intervención lamentando que Andalucía perdiera "una gran oportunidad" por culpa de la "mala gestión socialista" del Guadalquivir que, a su juicio, provocó "el mayor momento de inseguridad jurídica de toda la gestión" de la cuenca sureña.

Finalmente, ha reiterado que el PP-A "mantiene lo que siempre ha dicho, que es que el Guadalquivir es un río eminentemente andaluz y así lo sentimos". "Reclamamos el máximo competencial con el consenso de todos los agentes pero velando siempre por el principio de la unidad de cuenca", ha concluido tras pedirle a los diputados del Congreso que voten esta proposición "según la Ley y los preceptos constitucionales".

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