El empresario, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, diputado provincial y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, ha advertido este martes que "no tiene sentido" que la Junta de Andalucía "siga insistiendo" en recurrir el Plan Especial Carretera de Palma del Río, aprobado por unanimidad por el Pleno del Consistorio el 11 de diciembre, porque, a su juicio, el Gobierno andaluz está "perjudicando" a la ciudad y a los trabajadores cordobeses.

En una rueda de prensa, Rafael Gómez ha manifestado que la Junta "nunca" debió llevar a cabo recursos contra el plan, porque "se perdieron 1.500 puestos de trabajo", de modo que "la Junta no tiene pies ni cabeza", al tiempo que defiende que "en ningún lugar del mundo" se ha visto que le pongan "una multa de 26 millones de euros a un señor que quiere crear puestos de trabajo", después de que, agrega, "su alcaldesa accede a que se haga el proyecto, deja que se haga y una vez que se hace a los tres días le ponen la multa y le precintan aquello".

En este sentido, cree que "cuando cojan los jueces los papeles dirán: pero vamos a ver si este hombre quería crear puestos de trabajo, cómo le vamos a meter encima una multa de 26 millones de euros", algo que, según Gómez, "no tiene ni pies ni cabeza". Y es que, "aquello no se hizo para que fuera a divertirme, a pasearme o mirar, se hizo con el objetivo de crear puestos de trabajo, ayudar a los cordobeses porque lo necesitan y ahora vendrían maravillosamente los 1.500 puestos de trabajo", ha destacado.

De este modo, considera que "los jueces cuando han visto el recurso" de la Junta para que se suspendiera cautelarmente la ejecución, en parte del territorio afectado, de dicho plan especial, "se han dado cuenta de que es ilógico que la Junta siga insistiendo en cargarse el Plan, cuando realmente eso no se ha hecho con ánimo de lucro, sino con ánimo de hacer una empresa, crear puestos de trabajo y ayudar a muchas familias que tanto lo necesitan", ha apostillado el líder de UCOR.

Cabe destacar que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado en un auto la pretensión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía —con competencias en materia urbanística— de que se suspendiera cautelarmente la ejecución parcial de dicho plan, de manera que ahora queda en manos del Consistorio seguir adelante con el desarrollo del mismo, sobre cuyo encaje legal, no obstante, todavía deberá pronunciarse el TSJA, tras el recurso planteado contra el mismo por la Junta, al considerar contraria al ordenamiento jurídico la regulación contenida en el Plan en cuanto a las llamadas naves de Colecor, que construyó sin licencia el empresario Rafael Gómez.

Al respecto, la Junta entiende que el plan busca legalizar, en la mayor medida de lo posible, una actuación ejecutada en su día al margen de la legalidad, "como la macronave" levantada por Mezquita Sur Inversiones (filial de Arenal 2000), propiedad de Rafael Gómez. Por eso, el Gobierno andaluz, además de recurrir el propio plan, quiso que se suspendiera cautelarmente la ejecución del mismo en la zona donde se encuentran las naves de Colecor, para así salvaguardar la efectividad de la sentencia que se dicte por el TSJA en su momento.