Agentes del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati), con base en Lepe y pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han imputado a D.A.B., y de E.M.R., como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil ha imputado a estas dos personas después de inspeccionar una finca agrícola en La Redondela, así como destacan que supuestamente les adeudaban a los trabajadores gran parte de los salarios, habiéndolos tenido trabajando "sin realizarles contrato laboral alguno".

Del mismo modo, indican que los trabajadores residían "en una antigua nave de cría de pollos, rodeados de productos tóxicos y en condiciones antihigiénicas, y les cobraban una mensualidad de 50 euros".

Ante esto, las imputaciones han sido como consecuencia de una denuncia que interpuso un hombre de nacionalidad marroquí en el puesto de la Guardia Civil de Lepe el pasado día 4 de junio. En la misma manifestó ante los agentes que, junto a otros compañeros, había estado trabajando durante la pasada campaña fresera en una finca de La Redondela y que los responsables de esta empresa "les adeudaban aún gran parte de los salarios por el trabajo realizado". Según manifestó este hombre, ya habían interpuesto una queja ante la Oficina Provincial de la Inspección de Trabajo y querían también realizarla ante la Guardia Civil.

Indicó que estos empresarios "no les habían hecho firmar ningún contrato", por lo que también sospechaban que no se habían encontrado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cotizados los días trabajados. También hizo constar que les habían "tenido viviendo en una antigua nave destinada a la cría de pollos, donde aún vivían algunos inmigrantes y que se encontraba en unas condiciones deplorables, repartidos en habitáculos sin agua corriente y con muy malas condiciones higiénicas, compartiendo la estancia con productos nocivos como fertilizantes y fitosanitario"s. Terminó de manifestar el trabajador que por residir en aquel lugar les cobraban "una mensualidad de 50 euros".

Ante estos hechos, los agentes del Edati realizaron una inspección a la citada empresa, descubriendo que los hechos relatados por el denunciante eran "veraces". Para llegar a esta conclusión se entrevistaron con 14 personas, todas ellas inmigrantes y víctimas de la actuación de estos empresarios, que procedían de Marruecos y de Bulgaria, aunque también había dos mujeres de nacionalidad española.

Las víctimas expusieron a los guardias civiles situaciones "similares a las ya conocidas, como que se les adeudaban los salarios y que carecían de contrato laboral". También como que, reclamados los pagos a los empresarios, "estos les manifestaron que no podían pagarles por carecer de dinero y que el que no estuviera de acuerdo que se marchara, estando amenazados sobre que quien denunciara su situación sería inmediatamente despedido".

Después de esta inspección, los agentes procedieron a la imputación de los responsables de la empresa, habiendo instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los imputados, han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción competentes.