El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha advertido este martes de "una nueva artimaña" de la Junta de Andalucía para arrogarse la potestad sobre el río Guadalquivir, a pesar de existir una sentencia del Tribuna Supremo (TS) que ratifica la competencia exclusiva del Estado sobre las cuencas intercomunitarias.

De esta forma, Del Campo salió al paso de la Proposición de Ley Orgánica que se debate en el Congreso a petición de la Junta de Andalucía con el único objetivo de asumir las competencias sobre el Guadalquivir en el tramo que transcurre por su territorio, "como si el agua fuera del que la tiene más cerca y no de todos los españoles, según reza el artículo 149 de la Constitución y la Ley de Aguas".

El presidente de los regantes considera que este movimiento legislativo "no es más que un nueva artimaña" de la Junta de Andalucía para volver a pasar "por alto" la Carta Magna y la sentencia del Alto Tribunal, según la cual la gestión de las cuencas intercomunitarias corresponde a las Confederaciones Hidrográficas y no es susceptible de transferencia alguna.

De hecho, Fenacore recuerda que esta sentencia del Supremo ratificaba la decisión del Constitucional de anular la potestad sobre la cuenca del Guadalquivir reflejada en la reforma del Estatuto de Andalucía, pero también la sentencia del TC que retiraba a la Junta de Castilla y León las funciones legislativas y de ejecución sobre el río Duero, zanjando cualquier duda sobre la invasión de competencias del Estado por parte de las autonomías.

"un mal precedente"

De esta manera, Fenacore ha señalado que si esta ley orgánica sale adelante en la votación parlamentaria de hoy "no sólo se estará cometiendo un acto inconstitucional, sino que se sentará un mal precedente para el resto de comunidades autónomas, que volverán a la carga para reclamar las competencias sobre los ríos por el mero hecho de correr por sus territorios".

Sin embargo, el presidente de los regantes confía en que cualquier "argucia" tendente a "vaciar" las competencias del Estado en materia de política hidrológica se tope con el freno de la ley para asegurar que la gestión se realiza de acuerdo al interés general y no a los criterios localistas de las autonomías.

Según Andrés del Campo, "el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los españoles y no propiedad del que la tenga más cerca". "Esto se consigue sólo con una independencia política en su gestión realizada por las propias demarcaciones hidrográficas y sin sucumbir a presiones autonómicas. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando la conflictividad social y las temidas guerras del agua donde los usuarios son siempre los principales perjudicados", ha cerrado.