La carrera laboral, la profesionalización de la Administración y la participación en el proceso de elaboración son algunas de las claves del anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, que este lunes ha presentado el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, en rueda de prensa y que conocerá el Consejo de Gobierno este martes. Durante los primeros días de octubre se remitirá a las Cortes para su aprobación.

"Con este anteproyecto se responde a una necesidad de modernización normativa", ha dicho Saz, quien ha recalcado que se ha confeccionado "pensando en los ciudadanos y nuestros empleados públicos". Ha comentado que el anteproyecto está pendiente desde hace siete años.

En la aprobación de la Ley participarán, además de los órganos y entes preceptivos, otros como la Gerencia de la Universidad de Zaragoza (UZ), los ayuntamientos de las tres capitales provinciales, las tres Diputaciones, el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), así como los sindicatos representados en la Mesa de la Función Pública.

Esta ley no es extensa y tras su aprobación se iniciará un periodo de 'vacatio legis', que durará seis meses, durante los cuales el Gobierno deberá aprobar los reglamentos que desarrollen esta nueva norma, de tal forma que "no habrá ninguna asintonía entre la Ley y los reglamentos vigentes", ha dicho Saz.

Además de aplicarse a la Administración autónoma y local, deberán ponerla en práctica empresas públicas y fundaciones en aspectos como el registro de personal o los criterios de acceso al empleo.

FUNCIONARIOS

"Nosotros hacemos hincapié en la función pública porque es el engarce, la argamasa que une toda la arquitectura de la normativa" de esta, ha puntualizado el consejero.

"El sistema normal de ejecución de las labores públicas" es el desempeño de las tareas de los funcionarios, "no de los no funcionarios", ha dicho José Luis Saz, quien ha dejado claro que los criterios de acceso a la función pública, serán los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres. "La excepción es que los empleados públicos sean personal laboral", ha agregado.

"Para nosotros lo ordinario es que sea funcionario, no empleado laboral, lo normal es que el método ordinario —de acceso— sea la oposición y no otros, y lo ordinario es que el movimiento —dentro de la Administración— sea por concurso". Se reducirá al máximo el número de puestos de libre designación.

La Administración aragonesa está "al servicio de los intereses generales, de los ciudadanos", ha continuado Saz, quien ha indicado que este es el primer principio junto con el sometimiento a la Ley y el Derecho.

Con el objetivo de reforzar la transparencia se establece la publicación imperativa en los boletines oficiales de las convocatorias para la provisión de plazas y los resultados de las mismas, sea personal fijo o temporal. También se incluye la obligación de dar publicidad en los procedimientos de designación del personal directivo profesional.

El anteproyecto recoge la creación del Portal de Acceso a la Función Pública, una plataforma electrónica en la que se publicarán todas las convocatorias de empleo en el ámbito aragonés.

Consejo de la función pública

Mediante esta Ley se crea el Consejo de la Función Pública de Aragón, un órgano formado por 14 personas, siete de ellas nombrada por la Comunidad Autónoma, seis por los entes locales y una por la UZ. Este órgano permitirá realizar "interpretaciones conjuntas en materia de función pública", ha explicado José Luis Saz.

Además, el Instituto Aragonés de Administración Pública se configura como un órgano de provisión de servicios de formación, selección y gestión de los empleados públicos.

Los grupos laborales serán el A, el B y el C, ha proseguido el consejero, quien ha avanzado que se regularán las áreas de especialización. Ha expuesto que hay funcionarios que, a pesar de pertenecer al mismo cuerpo, desempeñan funciones específicas distintas, lo que ahora se tendrá en cuenta a la hora de participar en concursos internos. Asimismo se crea la categoría especial de directivo de la Administración Pública.

La carrera profesional horizontal significa el "amejoramiento" de las condiciones de los funcionarios sin cambiar de puesto de trabajo y la vertical alude a la promoción interna. Ambas están contempladas en el anteproyecto de ley.

En cuanto a las situaciones administrativas, además de las vigentes, estar en activo o en excedencia, el anteproyecto de ley introduce las denominadas "situaciones de tercera generación".

De este modo, se podrán conceder excedencias por agrupación familiar durante dos años y por cuidado de un familiar hasta tres años. Por violencia de género la excedencia será de hasta seis meses.

Código de conducta

El anteproyecto fija un Catálogo de Deberes y un Código de Conducta, que recoge normas como actuar conforme a la legalidad, con ejemplaridad, con el sentido de servicio al ciudadano y con confidencialidad, además de reconocer el derecho a la negociación colectiva en una Mesa Común de las Administraciones Públicas de Aragón. El Gobierno propone la elaboración de un código de conducta. Una Comisión Ética registrará las posibles incidencias que se puedan producir en el ejercicio de la labor funcionarial en su conjunto.

Con esta ley se pondrá en marcha el Sistema de Información sobre la Función Pública con el objetivo de conseguir que las Administraciones Públicas puedan adoptar decisiones en la materia con mayor información sobre la realidad de la Administración.

El régimen retributivo atiende a los principios de suficiencia de las retribuciones y a su adecuación con las responsabilidades y funciones, el cumplimiento de las tareas y el desempeño de cada puesto de trabajo, así como los principios de sostenibilidad de la Administración, equidad e igualdad retributiva de género, especialidad, conexión con los objetivos de la organización, transparencia, publicidad y sencillez en la estructura, la gestión y el control.