La Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto expediente administrativo, en el que propone una sanción de 300 euros, a ocho miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Torrelavega que participaron el 18 de abril en un escrache frente a la casa del alcalde, Ildefonso Calderón.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación, el expediente obedece a un informe del Cuerpo Nacional de Policía en el que se denunciaba una manifestación no comunicada, la que tuvo lugar frente al domicilio de Calderón. Este informe se puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno, que ahora ha abierto el citado expediente.

Un expediente al que, según han precisado las mismas fuentes, los afectados pueden presentar alegaciones, que posteriormente se resolverán, determinando si se sanciona o no a las ocho personas que fueron identificadas por el CNP en el escrache. La multa que contemplan los expedientes asciende a 300,52 euros.

El alcalde de Torrelavega, el 'popular' Ildefonso Calderón, se convirtió el 18 de abril en el primer —y hasta el momento único— político de Cantabria víctima de un 'escrache'.

La protesta comenzó en la sede local del PP y, tras pasar por varias entidades bancarias de la ciudad, los participantes, en torno a una treintena, se desplazaron a casa de Calderón, apostándose frente a ella durante unos minutos.

Al día siguiente, el alcalde denunció ante la Policía a los integrantes del piquete que "acosó" su domicilio "asustando" a su familia y vecinos.

El 24 de abril, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega acordó el sobreseimiento de la denuncia al no apreciar indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones, ya que, según lo manifestado en la denuncia, los denunciados no profirieron insultos ni amenazas, ni hacia el alcalde, ni hacia su familia.

Además, el auto judicial señala que "como destacado militante y cargo político electivo del partido que apoya al Gobierno de la Nación" (PP), el alcalde debe tener en cuenta que los artículos 20 y 21 de la Constitución —derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin armas— "legitiman" a las personas denunciadas para manifestarse contra los desahucios en cualquier lugar público, como puede ser la calle o "ante la puerta de su domicilio".

El día 25, Calderón se manifestó "totalmente en desacuerdo" con la decisión judicial de archivar la denuncia y advirtió que "no va a consentir" que se atemorice a su familia o a sus vecinos por lo que seguirá denunciando "cualquier tipo de actitudes de este calibre".