El empresario Miguel Zorío ha declarado este lunes como imputado en los juzgados de Palma que Iñaki Urdangarin le hizo cambiar el concepto de unas facturas al Instituto Nóos sobre asesoría de comunicación para la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos por unos trabajos que no se habían realizado, según han informado fuentes jurídicas.

El dueño de la empresa Lobby de Comunicación ha sido el último de los tres imputados que han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma con relación a esta causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos y a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis).

Zorío ha explicado ante el juez José Castro que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, por el que la empresa cobraría 2 millones de euros en cuatro partes, han señalado las fuentes. Las facturas sobre las que Urdangarin indicó que había que cambiar el concepto se correspondían a asesoramiento de comunicación por unos 240.000 euros.

Para el proyecto de los Juegos Europeos, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana firmó un convenio de dos años con el Instituto Nóos por 3 millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 euros por un informe, pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos 2 millones que no estimó justificadas.

Zorío ha explicado que fue Urdangarin quien hizo cambiar el concepto de unas facturas de Lobby de Comunicación, si bien fue el exdirector del proyecto de los Juegos Antonio Ballabriga quien detalló lo que se facturaría: varios planes de comunicación de federaciones deportivas, así como informes sobre fútbol y atletismo. El empresario ha admitido que parte de esos trabajos se facturaron cuando no estaban hechos y que las facturas se cobraron.

A raíz de esta declaración, la abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular, ha declarado que espera que el juez acepte su solicitud de que vuelva a imputarse en esta causa a Ballabriga por entender que era "el cerebro gris" de esta parte de la trama.

Por otra parte, Zorío ha señalado que Urdangarin siguió al frente del Instituto Nóos después de marzo de 2006, fecha que el duque de Palma dijo al juez que fue cuando se apartó de esos negocios por recomendación de la casa real. Según Zorío, Urdangarin y Torres eran quienes estaban al frente de la Fdcis, entidad heredera del Instituto Nóos. El empresario se ha referido a algunas reuniones de trabajo celebradas en Valencia y Castellón en 2008 en las que estaba presente Urdangarin.

Más tarde, Zorío ha difundido un comunicado en el que señala que "es mentira" que haya reconocido que las facturas sean falsas, puesto que todas tienen un servicio que las justifican. Además, afirma que no es un arrepentido ante la justicia, puesto que es "el único que en sus tres declaraciones siempre ha dicho lo mismo".

Por su parte, Mario Sorribas, quien fuera apoderado y hombre de confianza de Iñaki Urdangarin, ha afirmado que en la mercantil Aizoon, propiedad al 50% de la infanta Cristina y del duque de Palma, no había trabajadores.

Según los investigadores, Urdangarin "interpuso" esta sociedad para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF. De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior, el aplicado a las sociedades.

Según la letrada de la acusación popular, durante su declaración, Sorribas ha apuntado asimismo que a partir de marzo de 2006, cuando teóricamente el duque había abandonado Nóos, continuó al frente de esta entidad así como de una de las sociedades consideradas sucesoras: Areté, y que tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres lideraban la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS), presuntamente utilizada para desviar fondos al extranjero.

El presunto testaferro Robert Cockx ha admitido haber cobrado una comisión del 5% por permitir el ingreso de 300.000 euros procedentes de la trama de Nóos en una cuenta suiza a nombre de su empresa Alternative General Service. Sin embargo, Cockx ha señalado que no le figuraban como clientes ni Urdangarin ni Torres sino un asesor fiscal que ya ha declarado en esta causa como testigo.

Las declaraciones de este lunes ante el juez han comenzado con un testigo, un asesor fiscal contratado por el Instituto Nóos que ha afirmado que él y Urdangarin consiguieron un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol por el que facturaban 10.000 euros cada vez que lograban que un empresario se interesara por esponsorizar al equipo, aunque luego no se materializara la operación, y ha detallado que consiguieron atraer a tres posibles patrocinadores.