El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, se reunirá este lunes en Madrid con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para hablar del reparto de las tasas judiciales y de las competencias pendientes de transferir a Euskadi. Erkoreka pondrá sobre la mesa la reclamación del Ejecutivo de Iñigo Urkullu de la transferencia de prisiones, aunque la competencia dependa del Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz.

Éste es el primer encuentro que se celebrará entre Gallardón y Josu Erkoreka, desde que este último accediera a la cartera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, y a ella acudirán también la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y la directora del Gabinete, Tatiana González.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, una de las cuestiones que el consejero tiene como prioridades a exponer al ministro es la del reparto a las comunidades autónomas, en este caso a Euskadi, de la recaudación por las nuevas tasas judiciales. Erkoreka pretende destinar el dinero que corresponda a Euskadi a la financiación de la Justicia gratuita.

En una respuesta parlamentaria, el titular de Justicia ya explicó que no era favorable a la nueva Ley de Tasas Judiciales, pero, teniendo en cuenta que ésta, en su artículo 11, establece que la recaudación se destinará a la Justicia gratuita, su Departamento, como encargado de la prestación de este servicio en Euskadi, cree "necesario determinar conjuntamente" con el Ministerio un mecanismo de distribución de los fondos que resulten de este gravamen.

En este sentido, recordó que el Departamento de Ruiz Gallardón mostró inicialmente su voluntad de distribuir, entre las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en materia de Justicia, una parte del importe recaudado vía tasas judiciales.

En la reunión, Josu Erkoreka también preguntará al ministro por la situación en las que se encuentran los anteproyectos de Ley de Justicia Gratuita y Registros Civiles, y se interesará por el calendario legislativo del Gobierno en relación con el Ministerio de Justicia.

Transferencias pendientes

Erkoreka pedirá el traspaso de las competencias pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma Vasca. En este sentido, reclamará que se incorpore a los secretarios judiciales al personal transferido, ya que la Nueva Oficina Judicial (NOJ) "debe seguir una línea homogénea, tanto en la planificación como en la ejecución de las funciones que tiene atribuida la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma".

En una reciente intervención del consejero de Justicia, éste también aseguró que exigirá al Gobierno central cambios legales que permitan al Gobierno vasco participar en el diseño de la planta judicial, así como en la creación de Juzgados.

PRISIONES

Erkoreka aprovechará el encuentro con Alberto Ruiz Gallardón para poner sobre la mesa la reclamación de la transferencia de prisiones —pese a que la competencia depende del Ministerio del Interior—, algo que el Ejecutivo de Urkullu ha solicitado desde que accediera hace medio año a la Lehendakaritza.

El consejero de Justicia, en repetidas ocasiones, ha asegurado que la exigencia de las transferencias todavía pendientes es "un objetivo irrenunciable e imprescriptible" en el que el Gobierno vasco "trabajará sin desmayo".

Según ha explicado, "la rotunda negativa del Estado a transferir a Euskadi las instituciones penitenciarias, no ha sido obstáculo" para que el Gobierno vasco trabaje, "desde hace tiempo, en la configuración de un modelo penitenciario propio".

Con este objetivo, el Ejecutivo autónomo trabaja, de forma coordinada, con las direcciones y equipos de tratamiento de las prisiones, y con las entidades y asociaciones de Euskadi dedicadas a esta materia, para establecer recursos de inclusión que contribuyan a preparar la reinserción social de los presos.

Josu Erkoreka considera que la transferencia de prisiones es "necesaria", no sólo por razones políticas y jurídicas, sino también "por razones sociales, humanitarias y de buen gobierno".