La Mesa del Tabaco pide que la directiva se base en evidencia científica para proteger empleo y contribución económica

El portavoz general de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, ha pedido este viernes a las autoridades españolas y europeas, en un seminario sobre la Directiva de Productos del Tabaco que el Parlamento Europeo ha organizado en Valencia, que la directiva se base en "evidencia científica" para proteger el empleo y la contribución económica que para el Estado representa el sector del tabaco, que ya está "fuertemente regulado".

El portavoz general de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, ha pedido este viernes a las autoridades españolas y europeas, en un seminario sobre la Directiva de Productos del Tabaco que el Parlamento Europeo ha organizado en Valencia, que la directiva se base en "evidencia científica" para proteger el empleo y la contribución económica que para el Estado representa el sector del tabaco, que ya está "fuertemente regulado".

Juan Páramo ha realizado esta petición en esta jornada en la que se ha analizado la propuesta de Directiva y en la que han participado los eurodiputados Andrés Perelló y Pilar Ayuso, la subdirectora General de Salud Pública, Elena Andradas, y representantes de la Comisión Europea, así como miembros de la Comisión Interministerial y representantes de los estanqueros y cultivadores, según ha informado la organización en un comunicado.

El portavoz de la Mesa del Tabaco ha señalado que el sector no se opone a la revisión de la directiva, pero considera que la propuesta presentada "no está basada en evidencias científicas que demuestren que sus medidas pueden ser eficaces".

En cambio, ha indicado, "pretende imponer restricciones extremas encaminadas a la estandarización del formato y sabor de los productos de tabaco que, lejos de conseguir los objetivos sanitarios que se persiguen, provocarán un aumento muy significativo del contrabando, la vulneración de derechos comerciales e industriales básicos de los miembros de este sector, destrucción de empleo y pérdida de ingresos para los Estados, resultando así claramente desproporcionadas".

En este sentido, el portavoz de la Mesa del Tabaco ha recordado que un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), a petición de la Mesa del Tabaco, revela que la directiva sobre productos del tabaco en su redacción actual producirá en España la pérdida de hasta 10.000 puestos de trabajo y cerca de 1.700 millones de recaudación fiscal.

"graves daños" al cultivo

En la actualidad, 56.000 empleos dependen del sector del tabaco en nuestro país, que además aporta a las arcas públicas casi 10.000 millones de euros de recaudación a través de impuestos. En la jornada también ha intervenido el portavoz de los cultivadores, Ricardo Miranda, quien ha recordado los "graves daños" que la directiva podría causar al cultivo de tabaco España.

Según Ricardo Miranda, la estandarización del formato y el sabor de los productos del tabaco llevará a que el precio sea el único elemento con el que poder competir lo que provocará que "el tabaco de calidad que se cultiva en Extremadura deje de ser atractivo para las compañías, que buscarán en otros países cultivadores hoja de tabaco más barata".

Para el portavoz de los cultivadores, esto podría conllevar "la destrucción de este sector, o lo que es lo mismo, de los puestos de trabajo que dependen de él y todo el tejido económico y social que lleva asociado".

Posible cierre de estancos

Por su parte, el portavoz de los estanqueros, Mario Espejo, que también ha participado en la jornada, ha hecho especial hincapié en las consecuencias que la directiva tendrá para los estancos. Según ha indicado, si el incremento del contrabando sigue aumentando de la misma manera "provocará el cierre de numerosos estancos".

En este sentido ha manifestado que, en determinadas regiones de España, son ya más de 40 estancos que se han visto obligados a cerrar debido al auge del comercio ilícito de tabaco. Según el informe Ipsos, el total de tabaco consumido en España que no paga impuestos alcanza el 12 por ciento, lo que ocasiona una pérdida estimada de recaudación de 1.000 millones de euros.

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