El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha participado este viernes en el primer foro de la V Escuela de Verano del PP de Cádiz, que se celebra en Zahara de los Atunes, sobre la nueva Ley de Costas, afirmando que es posible conciliar la protección del litoral con los derechos de las personas.

En su intervención, ha explicado que la nueva Ley de Costas defiende un modelo de desarrollo "sostenible, garantizando seguridad jurídica y la protección del litoral"; recordando que la sostenibilidad "no es patrimonio de los ecologistas".

Ramos ha destacado que esta Ley es "un ejemplo de legislación ambiental que da respuestas a la realidad que vivimos, ya que apuesta claramente por dotar de seguridad jurídica y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica, haciéndola compatible con la protección medioambiental".

Según ha explicado, lo más importante de esta Ley es que aporta soluciones "a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988"; haciendo hincapié, en todo caso, en que "además de garantizar los derechos de las personas, esta reforma normativa impide construir donde antes no se podía.

Ha asegurado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la zona adyacente al dominio público) existen "unas 125.000 viviendas a las que se les dará una mejor regulación", pero apunta que estos cambios en la normativa "en ningún caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía".

Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público, el secretario de Estado concreta que se trata de "atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público. Hemos sido extraordinariamente rigurosos, añadiendo que se ha tenido en cuenta que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral", sostiene.

Por otro lado, Ramos ha subrayado que "cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros" relacionados con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir "sentido común" en el litoral y "proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley".

Concretamente, ha indicado que la nueva normativa "blinda" la actividad de los chiringuitos, como ejemplo de la actividad económica y factor dinamizador del turismo y el empleo; recordando, finalmente, que en España existen 3.000 chiringuitos que, sólo en Andalucía, tiene vinculados a más de 40.000 puestos de trabajo.