La junta de gobierno eleva al pleno la modificación presupuestaria de la ampliación de capital de Mercasevilla

La empresa afronta un nuevo ERE para despedir a unos cien trabajadores y amplía su capital para afrontar las indemnizaciones

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, reunida este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una modificación presupuestaria por valor de 3.086.154 euros, encuadrada en la operación de ampliación de capital emprendida por Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central, para sufragar el expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado. Y es que el último pleno ordinario, como es sabido, supuso la aprobación de la modificación de reglamentos de Mercasevilla que permite dicha liberalización.

En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, este pasado miércoles la concejal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, firmó un documento con destino al pleno y relativo a la aprobación de "una modificación presupuestaria", cuantificada en 3.086.154 y financiada con cargo al "fondo de contingencia", para la "adquisición de acciones de Mercasevilla". Dado el caso, el Ayuntamiento hispalense celebrará el próximo lunes un pleno de carácter extraordinario para debatir y someter a votación esta modificación presupuestaria.

Operación de ampliación de capital

A comienzos del pasado mes de mayo, cabe recordarlo, el consejo de administración de Mercasevilla aprobaba una operación de ampliación de capital por cerca de seis millones de euros que se encuadra en la liberalización promovida por el Ayuntamiento, como socio mayoritario de la empresa, sobre los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado. Esta operación de aumento del capital social, en concreto, consta de una primera emisión de 373.065 nuevas acciones al valor nominal de un euro cada una de ellas. La operación, además, comprende una "prima de emisión" de 5.625.820,20 euros a un precio de 15,08 euros por acción emitida.

En la operación de ampliación de capital figuraba un "informe justificativo" de la operación de ampliación de capital. Este informe, recogido por Europa Press, expone que "es previsible que en el tercer trimestre del año, el patrimonio de la sociedad se sitúe por debajo de la mitad del capital social y la sociedad no disponga de la liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones de pago". Mercasevilla, según figura textualmente en este documento, "se encuentra abocada a entrar en causa de disolución".

La liberalización de la lonja y los despidos

Esta nueva ampliación de capital, que sucede a la emprendida en 2010, se encuadra como hemos señalado en la liberalización promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de Mercasevilla, sobre los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado. La citada liberalización acarreará un expediente de regulación de empleo con aproximadamente cien despidos y, en consecuencia, Mercasevilla requiere financiación para sufragar las indemnizaciones y el plan de asesoramiento laboral asociados a dicho ERE.

La operación, de cualquier modo, surge después de que Mercasevilla cerrase el año 2012 con pérdidas de 552.727 euros. Las cuentas de 2012, por cierto, recogen las losas financieras que pesan sobre Mercasevilla a cuenta de la financiación del ERE de 2007, cuantificada en 9.046.976,95 euros que una sentencia atribuye al mercado central, y la impugnación de los derechos de superficie obtenidos por 'Sando' con un "saldo a pagar" de 6.181.396 euros. La auditoría de las cuentas de 2012, de hecho, señala "pérdidas de importe significativo en los últimos ejercicios" y "una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones".

Mientras en las instituciones europeas reside actualmente un expediente por un posible caso de monopolio en los servicios que Mercasevilla presta a través de su plantilla en la lonja de pescado, con su correspondiente gravamen, el Gobierno municipal del PP ha emprendido la liberalización de estos servicios bajo la premisa de que así lo exigen las regulaciones comunitarias. El comité de empresa, de su lado, niega que existan resoluciones definitivas o en firme sobre este conflicto y considera que todo deriva del compromiso político del PP con el gremio de mayoristas de pescado.

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