El Juzgado de lo Social número diez de Sevilla ha declarado nulo el despido consumado en mayo de 2012 por el Ayuntamiento de La Algaba, gobernado por Diego Manuel Agüera (PSOE), sobre una trabajadora que fue contratada inicialmente en 2003 y que en 2012 fue despedida al ser nombrado un funcionario de carrera para ocupar su puesto. La sentencia anulatoria señala la "indefensión" de la afectada al no especificar la correspondiente convocatoria de empleo público "las plazas que se ofertan ni el criterio en atención al cual se van a determinar las mismas".

En la sentencia, emitida el 25 de marzo y recogida por Europa Press, el Juzgado desgrana que esta trabajadora Josefa C.F., fue cesada en su puesto de empleo a través de un decreto de Alcaldía formalizado el 31 de mayo de 2012 como consecuencia de "la toma de posesión de funcionario de carrera nombrado para cubrir" la plaza que ocupaba la afectada, que por cierto había sido despedida ya por vez primera en mayo de 2009. Aquel primer despido, como este, fue declarado nulo.

Como consecuencia de su despido, la afectada reclamó ante los tribunales la nulidad de la ruptura de la relación contractual. Tras el correspondiente procedimiento judicial, el Juzgado de lo Social número diez ha declarado nulo este despido al considerar que el Ayuntamiento "no ha acreditado la efectiva asignación del puesto de la actora a ninguno de los funcionarios de carrera seleccionados". Según el Juzgado, "no se especifican en la convocatoria del concurso oposición las plazas que se ofertan ni el criterio en atención al cual se van a determinar las mismas, habiendo sido cuando finaliza el proceso selectivo cuando el Ayuntamiento, unilateralmente y no se sabe en consideración a qué criterio, resuelve las plazas vacantes a cubrir por quienes han superado las pruebas. Esta ausencia de criterios, según la sentencia, implica una "patente indefensión" en el caso de la afectada, cuyos derechos fundamentales quedan "vulnerados".

Así, la sentencia declara nulo el despido y condena al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios de tramitación. El fallo, no obstante, es susceptible de recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

María Isabel Fernández, coordinadora local de IU-CA, ha encuadrado este despido en una persecución "política" del Gobierno municipal socialista, porque la afectada es "afín a IU". Mientras el Ayuntamiento "ha recurrido" la sentencia, que en efecto era susceptible de recurso, Fernández critica que el Ayuntamiento le haya abonado una nómina pero no haya aceptado su readmisión. "Es la tercera vez que anulan el despido de esta trabajadora", ha enfatizado.