El Tribunal de Cuentas advierte en su informe sobre la gestión del Gobierno de Cantabria en los años 2008 y 2009, de la concurrencia de varias empresas públicas en la realización de "iguales o similares actividades", en virtud tanto de sus objetivos coincidentes como del carácter "genérico e impreciso" de los mismos. Señala al respecto que "la duplicidad, amplitud e inconcreción de los objetivos sociales" de las empresas públicas "atentan contra los principios de transparencia, eficacia y economía" en la gestión pública.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, el número de sociedades pertenecientes al sector público empresarial de Cantabria aumentó en un 130% en el periodo 2003-2009, con 39 sociedades a 31 de diciembre de 2009, y los gastos de personal a su servicio se incrementaron un 54% en el cuatrienio 2006-2009. El resultado global después de impuestos para el conjunto del sector refleja unas pérdidas de 14 millones de euros en 2008 y de 43,7 en 2009.

El Tribunal de Cuentas considera que en el periodo fiscalizado (2008 y 2009), el Gobierno "desvirtuó" la finalidad de las encomiendas de gestión al encargar obras o servicios a empresas públicas de carácter "instrumental" que, al carecer de medios propios para ejecutar directamente los encargos, se limitaron básicamente a la gestión y control de la contratación con terceros de la ejecución material de los encargos, lo que implica la aplicación de un régimen jurídico que resulta "mucho menos riguroso".

Por ello, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno de Cantabria a emplear la encomienda de gestión únicamente para actividades "concretas y precisas", "evitando su empleo como instrumento para no aplicar los más rigurosos requisitos de la normativa presupuestaria y contractual de las administraciones públicas, y a excluir del ámbito de la encomienda la prestación de servicios que impliquen, directa o indirectamente, el ejercicio de funciones públicas y limitarse a actividades materiales concretas.

Otras recomendaciones en este ámbito se refieren a la necesidad de motivar suficientemente todas las encomiendas de gestión; acompasar la financiación presupuestaria y el abono de las encomiendas a su ejecución; y que la duración de los contratos de ellas derivados no sea superior a la duración de las encomiendas.

En el análisis de la finalidad y áreas de actividad de las empresas públicas de Cantabria, el Tribunal de Cuentas cuestiona por ejemplo la creación de una empresa distinta para el desarrollo de cada zona industrial, o la existencia de diversas sociedades mercantiles para la promoción del turismo, deporte y cultura, con objetos "al menos parcialmente coincidentes".

Añade que las empresas Gesaican, Gieducan y Giscan desarrollan una actividad referida a bienes e infraestructuras, mientras que Emcanta e Idican tienen como objeto, total o parcial, la ejecución de actividades en materia de tecnología, que coincide con la actividad de Sodercan.

En el informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 28 de mayo, se deja constancia de la reectructuración del sector público empresarial emprendida por el Gobierno del PP principalmente a partir de 2012, con la que el número de empresas "ha pasado de 33 a 15 por la desaparición efectiva de 18 sociedades autonómicas".