La consejera de Fomento, Elena Cortés, ha destacado que la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler que entra en vigor este jueves "supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda por parte del Gobierno central, ya que debilitará aún más la posición de los inquilinos, ante los arrendatarios, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés".

Durante su intervención en comisión parlamentaria, ha subrayado que "en el actual contexto de crisis, los desalojos por impago de la hipoteca y de la renta de alquiler son dos caras de una misma moneda, con lo que se ahonda en la idea de la vivienda entendida como simple mercancía". "Esta norma modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socioeconómica de los inquilinos", ha criticado.

La consejera ha asegurado que, desde el observatorio "privilegiado" que suponen las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, "rechazamos la Ley aprobada que sólo provocará el crecimiento de la especulación inmobiliaria, concediendo enromes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias".

En su intervención, ha realizado un detallado repaso de las implicaciones de esta ley, destacando tres medidas que "afectan a la seguridad jurídica de los inquilinos y que suponen más recorte de derechos para la mayoría social".

En ese sentido, ha criticado que la nueva legislación reduce de cinco a tres años el contrato de alquiler y facilita los "incrementos ilimitados de la renta". "Cada tres años se podrá, además, cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda, provocando una gran inseguridad para las unidades familiares, ya que difícilmente podrán establecerse en un hogar más allá de periodos de tres años", ha añadido. Asimismo, ha denunciado que la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del IPC y prevé que arrendador y propietario decidan "libremente" qué criterio aplicar.

Por otro lado, el documento "permite los desahucios por impago de un sólo mes de alquiler y crea un registro de morosos que vulnera el derecho a la intimidad y la protección", ha indicado, para añadir que "condenará a las personas afectadas a la exclusión habitacional y será un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis".

También se ha referido a la modificación que la nueva norma hace de la Ley del Enjuiciamiento Civil, que "consagra así lo que ha venido en llamarse el "desahucio express". A su juicio, "se agilizan los desahucios a costa de las garantías de los inquilinos, pareciendo obviar la situación en la que se encuentran muchos hogares españoles y sin que se contemple ninguna medida para cuando se trate de arrendamiento destinado a vivienda habitual y el impago obedezca a la situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar".

Además, ha dicho que "la Ley establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales".

Frente a esa forma de actuar, Cortés ha contrapuesto el modelo andaluz de políticas públicas de vivienda. Así, ha defendido, "frente a la liberalización del derecho a la vivienda, más acción pública que garantice el interés general, políticas proactivas que fomenten la movilización de inmuebles vacíos, incentivos a particulares para que pongan sus viviendas en alquiler o la garantía del cumplimiento de la función social de la vivienda".

Contra la privatización de la gestión de las casas vacías en España con las Socimis como herramienta, ha destacado la puesta en marcha de una agencia pública del alquiler y la reconversión de la Empresa pública del Suelo. De igual modo, "frente a la privatización del parque público residencial y la lapidación de viviendas sociales de los gobiernos autonómicos de PP en Madrid o Valencia", Cortés ha apuntado "la puesta en valor del parque residencial andaluz como un servicio público de primer orden, tan importante como la sanidad o la educación, que debe dignificarse".

Cortés también ha añadido medidas como la expropiación del uso de la vivienda que pretende responder a una situación de emergencia habitacional frente a la "inacción" del Gobierno popular para frenar los desahucios.

En el contexto actual, ha asegurado que "una política desreguladora como ésta, liberalizadora y de recorte de derechos y seguridad jurídica, resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de arrendamiento".

Para dinamizar este mercado, bastaría, a juicio de Cortés, con incentivar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, o "permitir como hemos pedido hasta la saciedad, que las comunidades, que son las competentes, gestionen las viviendas transferidas al Sareb". En ese sentido, ha afirmado que "esta entidad no debería estar en el Salón Inmobiliario de Madrid con un stand vendiendo pisos". "Somos las administraciones públicas las que debemos velar para que esas viviendas sean adjudicadas", ha apuntado.

Supresión de ayudas del plan de vivienda

Cortés ha explicado que durante la tramitación parlamentaria de la Ley, se ha incluido una enmienda que supone en la práctica la supresión de diversas subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda. Al respecto, ha apuntado que "no parece coherente que una Ley de Fomento del Alquiler suprima precisamente las ayudas a estas promociones, especialmente cuando se trata de obras ya construidas y que cuentan con el reconocimiento de la financiación por parte de la comunidad y de ese Ministerio, que la otorgó en el momento de autorizar el préstamo".

En este contexto, ha advertido de que Andalucía tiene actualmente 2.414 solicitudes de subvención de promociones con obra terminada y calificación definitiva, por importe superior a 40 millones de euros, que no han podido atenderse por la falta de envío de fondos por parte del citado Ministerio. Igualmente ha criticado que "también se ven afectadas 12.000 solicitudes de adquirentes que implican 30,5 millones de euros, personas que han visto como en julio del 2012 se aplicaba una medida de carácter retroactivo que les perjudicaba notablemente".

Además, ha recordado que el Estado debe actualmente a la comunidad autónoma, por la ejecución de actuaciones incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, 68 millones de euros en materia de políticas de alquiler, tanto en la promoción de VPO en arrendamiento con calificación definitiva y subvenciones a inquilinos.

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha pedido que el acceso a la vivienda sea tratado como un derecho, al tiempo que ha llamado la atención sobre la "inseguridad" que crea esta normativa con el objetivo de que "el alquiler no sea una prioridad".

En la misma línea se ha mostrado el diputado del PSOE Enrique Benitez, quien ha destacado la "desprotección" del arrendatario, la lista "negra" en la que entran por el impago de un mes y la posibilidad del desahucio express.

Además, ha hecho hincapié en que con esta ley, "el PP legisla a favor de una pequeña oligarquía", por lo que apuesta por "la concentración de la riqueza" y no por los pequeños propietarios.

Por su parte, la diputada del PP ha defendido esta normativa del Gobierno central y ha criticado que el modelo hasta ahora generado ha sido "el modelo del PSOE". Así, ha señalado que esta ley pretende fomentar la libre elección de los ciudadanos y ha afirmado que era "esperada por el sector como agua de mayo".