La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha firmado este jueves los tres primeros convenios con los representantes de Liberbank, Caja Rural de Gijón y Caja Rural de Asturias, enmarcados en el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno regional para paliar los problemas sociales derivados de los desahucios por ejecución hipotecaria.

Según ha informado Díaz en rueda de prensa, estos primeros convenios, a los que se sumará también el Banco SabadellHerrero, constan de una doble vertiente. Por una parte las entidades financieras se comprometen a paralizar lanzamientos y ofrecer arrendamientos sociales en la vivienda habitual, como alternativa para que las familias afectadas no tengan que abandonar su hogar.

Pero además los acuerdos permiten ampliar la bolsa de viviendas que se pone a disposición de las personas que, como consecuencia de procesos anteriores, hayan perdido la suya. Concretamente se ponen a disposición de las familias que así lo necesiten 28 viviendas más que se suman a la reserva de 50 viviendas vacantes del Principado para ponerlas a disposición de familias desahuciadas.

"A juzgar por el trabajo en la ventanilla de la oficina de información abierta en el mes de noviembre creemos que con este paquete de viviendas se podrán cubrir las necesidades actuales", ha dicho la consejera que ha manifestado que ya hay cinco familias esperando para entrar en las viviendas.

En este sentido los representantes de las tres entidades bancarias que han suscrito el acuerdo han coincidido en destacar que hasta ahora ya venían negociando con los clientes para poder llegar a acuerdos que evitasen la ejecución hipotecaria. Así ha indicado que la casuística en los desahucios es múltiple y en el caso del Principado "no son muchos los que afectan a personas que tienen problemas graves para acceder a otra vivienda", que son el objeto del convenio suscrito.

Díaz, que ha agradecido la colaboración y predisposición de las entidades ante la llamada del Principado, ha recordado que el Gobierno asturiano ya ha puesto en marcha otras medidas incluidas en ese plan de choque para paliar los efectos de los desahucios.

En este sentido ha recordado la aprobación del nuevo decreto de adjudicación de viviendas del Principado de Asturias, que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado día 30 de mayo y cuya entrada en vigor permite flexibilizar el acceso a viviendas públicas, ya que podrán acceder a ellas personas que se encuentren en proceso de desahucio y consten como propietarias.

Se ha referido también a la convocatoria de un millón de euros para ayudas al alquiler de viviendas destinadas a personas que hayan sufrido la pérdida de su vivienda habitual por impago de hipoteca o por impago del alquiler. La medida se aprobó este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno y se publicará en el BOPA en los próximos días.

Por último también ha mencionado la reserva de 50 viviendas vacantes del Principado para ponerlas a disposición de familias desahuciadas. A esta bolsa se añaden ahora las 28 viviendas aportadas por las entidades financieras que este jueves han suscrito los acuerdos.