La Fiscalía Anticorrupción teme que la petición de cambio de abogado de la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar en el juicio por de Can Domenge pueda encubrir una maniobra para preparar una fuga o alterar pruebas, por lo que este jueves solicitará medidas cautelares contra ella.

El juicio del 'caso Can Domenge' por la presunta venta irregular del solar de dicho nombre de Palma mediante un concurso amañado en 2005 ha comenzado este miércoles a las 10.00 horas, cuando el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, Diego Gómez-Reino, le ha preguntado a Munar por qué solicitó hace tres días un cambio de abogado.

Munar ha justificado su petición de cambiar de abogado para defenderse de "nuevas acusaciones" y porque se siente "totalmente indefensa". Gómez-Reino le ha explicado que esa petición causa un gran perjuicio a la sala que había fijado las fechas para este juicio en septiembre del año pasado y le ha advertido de que aceptará el cambio si presenta el nuevo abogado un escrito en el que acepta la designación y que el juicio comience el próximo día 17.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha manifestado que considera que la renuncia extemporánea al abogado por parte de Munar "es un abuso de derecho" y "puede encubrir una maniobra, no solo para dilatar sino para preparar la fuga o para alterar las fuentes de prueba". Carrau ha solicitado que se celebre una vista para la adopción de medidas cautelares, algo que también ocurriría este jueves, con el nuevo abogado de Munar o bien con uno de oficio.

Sobre Munar ya pesan varias medidas cautelares impuestas en marzo de 2010 en el marco del 'caso Maquillaje', que fueron la retirada de pasaporte, una fianza penal de 350.000 euros para eludir la prisión y otra civil de 2,5 millones por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una condena. Además, en mayo de 2012 le fueron embargados de forma preventiva once inmuebles y se le aplicó la retención del dinero de sus cuentas para cubrir la fianza civil de 37,1 millones de euros impuesta en el caso Can Domenge.