El sindicato UGT-A ha lamentado que la Junta de Andalucía no haya contado con los agentes sociales para elaborar el decreto ley de función social de la vivienda, aunque reconoce "necesaria" la medida, mientras que CCOO-A reclama que dicha norma tenga "dotación económica y presupuestaria suficiente" para poder llevarla a cabo.

Ambas centrales han comparecido en la comisión en el Parlamento andaluz para analizar el decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Así, el secretario de Institucional y Coordinación Externa de UGT-A, José Carlos Mestre, reiteró su petición de que "no se haga un uso abusivo del decreto ley para legislar, sobre todo materias de gran calado y que precisan de un amplio debate ante los ciudadanos", aunque reconoce entender que "en determinados momentos sea preciso acudir a esa forma de legislar recogida en nuestro Estatuto".

No obstante, lamenta que la Junta "haya obviado cualquier consulta, para materias de índole socioeconómica, con los agentes económicos y sociales más representativos".

A pesar de ello, UGT-A saluda "cualquier medida que venga a contrarrestar o combatir la grave situación que están padeciendo muchos miles de andaluces" y valora cualquier iniciativa que "refuerce el carácter de bien social de la vivienda" y ha recordado que la vivienda "más allá de un bien de mercado es un bien destinado a satisfacer una de las necesidades sociales más elementales, el derecho a una vivienda digna".

UGT-A ha lamentado en ese punto que este proyecto de Ley "presenta una carencia en lo formal, que no es otra que haber llegado a este Parlamento sin antes haber sido objeto del análisis, el debate ni del consenso con los agentes económicos y sociales más representativos".

En ese punto, ha aludido a la firma en diciembre de 2007 del Pacto Andaluz por la Vivienda, donde "todas las partes pasamos a convertirnos en corresponsables de la política andaluza de vivienda", y ha recordado la firma del Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, pero cree que, pese a valorar esta iniciativa, la Junta "ha roto la línea del diálogo social trazada en materia de vivienda a lo largo de años al aprobar el decreto-ley sin contar con la opinión de nuestro sindicato, en ninguno de los momentos de su tramitación".

A pesar de ello, cree que "puede ser un buen momento para continuar desarrollando la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía", toda vez que "es más necesario que nunca dotar de justicia social al mercado inmobiliario".

También ha lamentado que en los últimos años el Plan Concertado de Vivienda y Suelo "no ha sido capaz de alcanzar los niveles de ejecución previstos por todas las partes que lo suscribieron", por lo que ha instado a los poderes públicos andaluces a que "profundicen en el proceso de concertación social de la política de vivienda autonómica, a través de un nuevo Plan Concertado, adaptado al contexto económico actual, dotado de las actuaciones y del presupuesto necesario para poder cumplir con los objetivos".

En cuanto al decreto ley de función social de la vivienda, UGT-A cree que la norma "no ha profundizado en cuanto al desarrollo del ejercicio de la potestad de inspección y de la potestad sancionadora de la Junta en general, y de la Consejería competente en particular", de forma que considera que estas medidas "van a tener más un carácter testimonial, que un valor real propiamente dicho, dado que, y según los cálculos del Gobierno, van a tener escasa repercusión".

Postura de ccoo-A

Por su parte, la secretaria de Política Institucional y Empleo de CCOO-A, Nuria López, considera en su comparecencia que la expectativa que ha suscitado el decreto ley de la función social "debe cumplirse, no puede quebrar la confianza de miles de familias que han visto la luz", por lo que cree que las disponibilidades presupuestarias "han de ser en cuantías suficientes que sirvan para dar respuesta y satisfacción a todas las solicitudes que se puedan plantear, sin que ninguna pueda verse frustrada por razones presupuestarias".

Tras recordar la actual situación de Andalucía en materia de empleo y vivienda, el sindicato ha hecho un repaso histórico de los compromisos sobre vivienda, y apuntó en concreto sobre el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que "sólo se han construido un 40 por ciento del objetivo marcado". En ese sentido, señala a "los bancos" como responsables de esos incumplimientos, unido a los recortes presupuestarios del Gobierno de España y Andalucía, como las causas principales de la insuficiente ejecución del plan andaluz.

Considera que con el proyecto de Ley de la Función Social, "se profundiza en la perspectiva social de la vivienda y también se avanza en la perspectiva económica desde un punto de vista finalista, esto es, sacar al mercado del alquiler las viviendas construidas y no ocupadas".

Tras destacar como principal novedad la declaración del interés social a los efectos de la expropiación forzosa temporal en los supuestos de personas en especiales circunstancias, algo que para CCOO-A "es una medida valiente" y para cuya efectividad "debe dotarse económicamente con suficiencia presupuestaría para dar respuesta a todas las solicitudes de las familias con procedimientos de desahucios por ejecución hipotecaría y cumplan con los requisitos".

CCOO-A ve urgente que la Consejería "aborde cuanto antes los trabajos que ayuden a conocer en profundidad el parque de viviendas de titularidad de la Junta" y saluda el destino finalista de las sanciones impuestas en los supuestos de incumplimiento del destino habitacional por parte de las entidades financieras y bancarias.

El sindicato insiste en la necesidad de "convocar cuanto antes a los agentes sociales y económicos para iniciar las negociaciones del Plan Concertado de Vivienda y Rehabilitación que, junto con el Plan de Infraestructuras, constituyen piezas claves para la recuperación y el relanzamiento del sector de la construcción en nuestra comunidad".

De esta forma, el sindicato valora este decreto ley pero muestra su preocupación sobre los créditos presupuestarios que se precisan para el desarrollo de todas y cada una de las medidas y actuaciones que se contemplan para garantizar el derecho a la vivienda.

Así, CCOO considera que las políticas "necesitan hacerse con presupuesto, con recursos económicos suficientes", por lo que el sindicato advierte de que no va a permitir que la política de vivienda "sea objeto de recortes y más recortes".

"Es una exigencia ética que esta Ley junto con las demás actuaciones se provisione con dotación económica suficiente para cumplir con los objetivos marcados, pues, de lo contrario corremos el riesgo de quedarnos en el mero enunciado de políticas de componente social que, sin los recursos económicos suficientes, no alcanzarán la plena efectividad de las medidas", ha agregado.

Ayudas finalistas

Por ello, también exige al Gobierno central que "dote al Plan Estatal de mayor presupuesto económico, incrementando los recursos que se transfieren a Andalucía", mientras que la Junta "debe garantizar el desarrollo del derecho a la vivienda con aportaciones autonómicas que posibiliten el desarrollo del conjunto normativo".

En ese sentido, ve fundamental que "se arbitre un sistema de ayudas en el Plan Concertado de Vivienda y Rehabilitación, de forma que se garantice durante todo el tiempo de uso o tenencia de la vivienda el esfuerzo de renta máximo fijado en la Ley andaluza al que pueden hacer frente las familias para acceder a una vivienda".

Por ello, propone introducir el carácter finalista y permanente de las ayudas públicas que se determinen, "para cumplir con la garantía del esfuerzo económico máximo familiar para el disfrute de una VPO".