El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reanudará la toma de declaraciones en el marco del caso Nóos con el interrogatorio de hasta quince interrogatorios entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. Tres imputados -los presuntos testaferros de Iñaki Urdangarin Mario Sorribas y Robert Cockx, así como el empresario valenciano Miguel Zorío- y doce testigos están citados a declarar ante el magistrado en los Juzgados de la capital balear.

Al margen de estas comparecencias, a las que se sumarán las que hay previstas el 28 de junio y el 8 de julio en Valencia y Barcelona, el juez está pendiente de recibir el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que de forma definitiva determine el papel que a nivel fiscal tuvo la Infanta Cristina en el marco de los hechos investigados, como copropietaria de la mercantil Aizoon, así como en relación a varios de los imputados de esta causa.

Un dictamen en el que, según la AEAT, se encuentran trabajando dos funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y que "es de tal amplitud que comprende cualquier vicisitud con trascendencia fiscal que afecte a las personas físicas y jurídicas imputadas". Para su emisión, se están analizando todas las actuaciones judiciales y "toda la voluminosa documentación que se les viene remitiendo desde el Juzgado", señalaba Hacienda en un último escrito remitido a la causa, al que tuvo acceso Europa Press.

Junto a ello, el instructor se encuentra a la espera de que los resultados que arroje la comisión rogatoria librada a Suiza, que fue acordada junto a las de Andorra y Luxemburgo con el objetivo de averiguar si se desviaron a estos países dinero percibido por el Instituto formalmente presidido por el Duque de Palma entre 2003 y 2006. El propio Urdangarin negó el pasado mes de febrero disponer de cuentas bancarias en el exterior ni de ningún testaferro para canalizar los fondos al extranjero.

Precisamente, Robert Cockx, citado a declarar el próximo lunes, fue el supuesto hombre de paja de Urdangarin en Suiza, a raíz de la mediación que habría llevado a cabo con la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), en favor del Duque, para que éste pudiese cobrar 375.000 euros por servicios de búsqueda de inversores que finalmente no fructificaron.

De hecho, la Fiscalía apunta a que el marido de la Infanta Cristina cobró finalmente 140.000 euros en una cuenta corriente domiciliada en el país suizo por los supuestos servicios para AGVAL), por los que inicialmente pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño a pesar de que finalmente los trabajos no se llevaron a cabo.

En la declaración que ya prestó como imputado ante la Fiscalía, Cockx aseguró que en su trayectoria como impulsor de nuevas empresas para terceros clientes ha evitado tratar "con políticos y criminales", asegurando no conocer a Urdangarin como tampoco al colaborador de éste, José María Treviño. El encausado precisó que tiene en su haber unas 50 sociedades constituidas, si bien sostuvo que no utilizó ninguna de ellas en beneficio del Duque.

Junto a Cockx, citado a partir de las 10.30 horas, también está emplazado a declarar Mario Sorribas (9.00 horas), que ejerció de apoderado del Duque y quien recientemente ha aportado a la causa más de una cincuentena de emails que atestiguan que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, era "el jefe" de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada por los investigadores sucesora del Instituto Nóos y que, según postulan, fue presuntamente utilizada para desviar dinero al extranjero.

Por su parte, también está fijada la comparecencia, a las 13.00 horas, el empresario Miguel Zorío, quien será interrogado en torno a su presunta participación en el proyecto de los Juegos Europeos -por cuya organización Nóos cobró 382.000 euros públicos pese a que finalmente no se celebraron-, así como en el contrato suscrito entre AGVAL y Cockx, que actuó en representación de la empresa Alternative General Service.

De forma paralela, también está citado a declarar el lunes, en su caso como testigo, el empresario Álex Sánchez Mollinger, a quien se habría intentado involucrar en el proyecto de Aguas de Valencia.

Testigos citados a petición de la defensa de matas

Ya el martes, serán interrogados, entre otros testigos, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver (9.30 horas), la gerente de esta entidad, Isabel Guitart (10.15), la fundadora de Imagine Tourism Consulting Ana Bartolomé Greenwood (11.45)y el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Eugeni Aguiló (13.15 horas).

Un día después, declararán también como testigos, entre otros, varios profesores de la UIB, el vicerrector general de la Comunidad Autónoma, y el exdirector general de Presupuestos y Planificación Antonio Valdivieso.

Todos ellos han sido citados después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos. Asimismo, la defensa del expresidente quiere aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto se determine si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a los anteriores convenios.

Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros al Instituto Nóos mientras que por el segundo abonó 1,1 millones, justificados con facturas presuntamente fraudulentas de las que se deriva un presunto desvío de los fondos percibidos por la entidad presidida entonces por Urdangarin. Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.