Jueza imputa a tres facultativos por muerte de una mujer tras dar a luz en Hospital Virgen del Mar

El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha imputado por un presunto homicidio imprudente por negligencia profesional a tres facultativos en la causa abierta por la muerte en 2009 de una mujer tras dar a luz en el Hospital Virgen del Mar de la capital.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha imputado por un presunto homicidio imprudente por negligencia profesional a tres facultativos en la causa abierta por la muerte en 2009 de una mujer tras dar a luz en el Hospital Virgen del Mar de la capital.

Los imputados son un ginecólogo, un anestesista y un matrón que prestaron declaración en sede judicial el pasado 28 de mayo después de que la Audiencia Provincial ordenase a principios de abril la continuación de la causa, que fue archivada, al considerar que subsistían "ciertos interrogantes y dudas" en torno a las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el letrado que ejerce la acusación particular, Francisco Miguel Benete, quien en su recurso de apelación interesaba el interrogatorio de los facultativos G.M.G., G.J.R.C. y M.G.Z. por una presunta imprudencia profesional con resultado de muerte para, de este modo, "tener la oportunidad de someter a contradicción lo que dicen y tener acceso a su testimonio más allá de un escrito", lo que "conculcaba", a su juicio, "los derechos fundamentales del denunciante".

Benete, quien ha asegurado que, durante la declaración en ausencia de Fiscalía los dos primeros se "negaron" a responder a sus preguntas, ha trasladado que la jueza debe resolver ahora si cita a declarar en calidad de testigos al resto del personal sanitario que interactuó con la paciente y la atendió durante su estancia en el centro hospitalario, tal y como ha interesado.

Al hilo de esto, ha asegurado que el testimonio de estas seis personas, entre ellos enfermeros, ginecólogos y médicos de la UCI, como testigos es "fundamental" para "esclarecer" qué paso y, sobre todo, para "desentrañar el factor tiempo" en la atención, que ha calificado de "clave" para determinar "que se produjo una negligencia".

El tribunal de la Sección Tercera consideró que el sobreseimiento provisional decretado por anterior el titular del Juzgado número 5 de Almería era una "decisión precipitada" y señalo que era "necesario" el interrogatorio, con la presencia de las partes personadas en el proceso penal, del personal sanitario que le atendió durante su estancia en el centro hospitalario.

La resolución concluyó que, si bien el informe forense recogía que la opción del equipo médico de practicar a la paciente un legrado y sutura del cuello uterino para detener la hemorragia por un cuadro de atonía uterina tras el alumbramiento se trató de una "medida terapéutica correcta desde la óptica de una adecuada praxis", el tratamiento aplicado "se reveló a la postre como ineficaz".

Añadió, en esta línea, que fue "ineficaz" porque el legrado provocó la perforación del útero "dada su fragilidad tras ser sometido al esfuerzo del parto y de la expulsión de la placenta", lo que desencadenó "un cuadro de shock hemorrágico con consecuencias fatales, y, según subraya, "máxime teniendo en cuenta que existía un tratamiento alternativo que no se llegó a realizar".

El tribunal hacía referencia a la práctica de una histerectomía y señalaba que, "aún no garantizando de antemano un resultado favorable, probablemente habría sido, en palabras del forense, la opción elegida por un medico más arriesgado o más intervencionista".

"Es necesario que expliquen su intervención profesional, el tratamiento y las medidas terapéuticas adoptadas, y, en particular, las razones por las que descartaron realizar una histerectomía y optaron por un legrado que, lejos de solventar la situación, provocó la perforación del útero y una hemorragia interna de resultado letal, sin prejuzgar con ello una inadecuada praxis profesional", concluyó.

En su informe, los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería el IML indicaron que otras opciones "no estaban exentas de riesgos y complicaciones fatales, más aún en una paciente con deterioro rápido y en estado de shock previo" y aseguraban que no habían podido determinar, por tanto, que hubiese "impericia profesional", aunque sí dejaba abierta la posibilidad de que la actuación de los profesionales estuviese sujeta a responsabilidad civil.

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