La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que el Parlamento, dentro de su autonomía, y como "viene haciendo desde hace tiempo atrás", tiene que hacer un ejercicio de transparencia.

Así, ha insistido en que el acuerdo sobre la subida de las dietas del presidente de la Cámara autonómica, Manuel Gracia, y de los portavoces adjuntos de los tres grupos parlamentarios, que se ha suspendido, fue "un error que, afortunadamente, se ha corregido". Esto, ha continuado, "eclipsa y oculta el gran esfuerzo" realizado "por la inmensa mayoría de los cargos públicos".

Además, según Díaz, los diputados autonómicos, en dos años, han visto reducido su salario en torno a un 15 por ciento, algo que "ha quedado oculto por una decisión errónea que ha faltado a la sensibilidad de lo que está pasando la gente en la calle".

Para la consejera, actualmente se está en una "crisis institucional y una desconfianza y desapego en la política", por lo que ha ensalzado la aprobación del anteproyecto de Ley de Transparencia andaluza, que mejorará el acceso a la información. "El abrir puertas y ventanas en todas las instituciones va a mejorar la credibilidad en lo público y eso es mejorar en democracia", ha asegurado a los periodistas, tras reunirse con la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle.

Sobre la influencia de esta Ley de Transparencia en el Parlamento autonómico, ha apuntado que la parte "puramente administrativa" sí estará sujeta a la normativa, pero ha recordado que la Cámara "tiene también su marco de autonomía como —poder— legislativo que es". En este punto, ha recordado que el régimen de incompatibilidades "es bastante fuerte pero se ha visto empañado por una decisión errónea que no responde a la sensibilidad que tenemos que tener con los ciudadanos".

Díaz ha resaltado la aprobación del anteproyecto de ley, una medida "ambiciosa y valiente que recoge lo que los ciudadanos esperan". Ha puntualizado que los ciudadanos quieren conocer "dónde van sus impuestos y tienen derecho a saber cómo se gasta".

Esta ley supone, en su opinión, "más democracia y conocimiento de las administraciones y facilita que quien viene a aprovecharse de lo público se lo piense y quien pretende aprovecharse a través de quienes están en lo público, también".