La ponencia de reforma del Senado está concluyendo sus trabajos y confía en cerrar un texto el próximo 17 de junio, que será remitido a la Comisión de Reglamento con la intención de que los cambios se aprueben en el Pleno previsto para principios de julio, han asegurado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El grupo lleva un año estudiando una reforma que casi con seguridad supondrá además cambiar la Constitución para reforzar las funciones del Senado. Todos los grupos se pusieron de acuerdo nada más arrancar la legislatura en buscar fórmulas para dotar de más protagonismo a la Cámara Alta en el proceso de elaboración de las leyes y para potenciar su papel como foro territorial. Se dieron como plazo este mes de junio para presentar una propuesta al Pleno.

La ponencia se reunirá de nuevo este viernes para escuchar al presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Como presidente también del Comité de las Regiones, los ponentes quieren conocer su punto de vista sobre la relación entre las comunidades autónomas y la Unión Europea y el papel que el Senado pueda tener como canal entre unas y otra.

Las fuentes consultadas han asegurado que la Cámara Alta podría ser el foro de grandes debates sobre asuntos europeos que afectan a las autonomías, ya que ellas tienen las competencias de diversas materias sobre las que dicta directrices la Unión.

Tras esta comparecencia, los ponentes esperan cerrar un texto para el día 17 de junio. La propuesta pasará después a debate en la Comisión de Reglamento y de ahí, al Pleno de julio, un proceso que puede ser rápido dado que la reforma parte con el consenso de todos los grupos.

Cambios en las funciones

La ponencia ha escuchado a lo largo de más de una año a expertos en diversas materiales y ha contado además con los varios trabajos realizados en los últimos años sobre la reforma del Senado, entre otros, el último del Consejo de Estado elaborado a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los grupos mantienen un elevado grado de acuerdo en torno a cómo reforzar las funciones legislativas del Senado, que es en lo que se va a centrar el actual proceso. Los principales cambios son los que concederán al Senado el primer lugar, por delante del Congreso, en la tramitación de leyes de carácter territorial, asuntos municipales y autonómicos, aunque no ha trascendido cuáles vayan a ser en concreto.

Además, se trataría de añadirle al Senado la capacidad de informar sobre esos otros temas cuya primera lectura corresponde al Congreso, pero que pueden tener alguna incidencia en las autonomías. Se busca igualmente el acuerdo para creación mecanismos que ayuden a Congreso y Senado a dirimir sus diferencias legislativas y cómo lograr una mayor participación de los presidentes y los gobiernos autonómicos en el Senado.

La ponencia trabaja también en aspectos que los grupos consideran igualmente importantes aunque sean menos llamativos, como los plazos de tramitación legislativa.

Las mismas fuentes han explicado que ven posible dejar además la puerta abierta a estudiar una reforma de la composición de la cámara, el nudo gordiano que los grupos no han logrado desatar hasta ahora. En el año 1996, una ponencia similar a la actual logró grandes avances para reformar la cámara, pero encalló al abordar cómo y cuántos senadores elegir.