Más de seis años después de que se iniciasen las investigaciones sobre la adjudicación presuntamente irregular de los solares de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, el juicio en torno a estos hechos está fijado para este miércoles, a partir de las 9.30 horas, si bien las confesiones realizadas en el último momento en torno a un soborno de cuatro millones de euros que se habría pagado para decantar el proceso en favor de la mercantil Sacresa, pueden provocar cambios de última hora en la celebración de la vista oral.

En el banquillo se sentará de nuevo la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, así como a otros tres exaltos cargos de la extinta formación política: el exvicepresidente insular Miquel Nadal y los exconsellers Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer. Junto a ellos también están acusados Santiago Fiol, abogado asesor de Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y el propietario de Sacresa, Román Sanahuja.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a los seis acusados en este proceso judicial, plasmado en más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativos a la venta de los terrenos palmesanos a Sacresa por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro. En un principio, el juicio está fijado a lo largo de este mes y los primeros días de julio.

Sin embargo, ha sido recientemente cuando ha salido a la luz, en base a la confesión tanto de Vicens como del máximo accionista de Sacresa, el móvil que habría llevado a manipular el concurso para la adjudicación de Can Domenge: el pago de cuatro millones de euros como soborno por la mercantil beneficiaria.

De hecho, este mismo martes Sanahúja confesó mediante un escrito que abonó el cohecho a cambio de que la mercantil resultase adjudicataria del solar, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el soborno a cambio de garantizar la concesión a su favor.

En su confesión escrita, la defensa de Sanahúja asevera que el entonces vicepresidente del Consell contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor postura.

Así las cosas, relata el empresario, tras acceder a la petición de Nadal, el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero. En su escrito, Sanahúja reconoce "el grave error cometido" al acceder a pagar esa cantidad, reiterando su arrepentimiento y "deseo de cooperar con la Administración de Justicia".

Precisamente, a mediados del pasado mes Vicens, quien cumple condena en la cárcel de Palma por otra causa de corrupción, presentó un escrito en el que admitía el cobro del soborno, si bien precisaba que el dinero fue repartido entre Munar, Nadal, UM -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas- y él mismo.

Una confesión que dio lugar a la interposición de una denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción y al registro de los domicilios de Munar y Nadal, en los que no se halló rastro alguno de los fondos ilícitos. Junto al escrito, Vicens entregó ante la Audiencia Provincial un total de 160.000 euros del cohecho investigado.

Mientras tanto, otro de los prolegómenos acaecidos de cara al juicio ha sido la renuncia, por parte de Munar, de quien durante estos años ha ejercido su defensa, Gabriel Garcías, al alegar la exalto cargo que las revelaciones de Vicens, después de seis años de instrucción del caso Can Domenge, "cambian radicalmente los hechos",k y que la entrada y registro de su domicilio permitió a la Fiscalía acceder "a todos mis argumentos de defensa e incautarse de documentación relevante para ello".

Petición de seis años de cárcel para los exaltos cargos de um

En concreto, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

Se da la circunstancia de que, en el caso de Nadal, se trata del exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: además de Can Domenge, lo está en los casos Voltor, Maquillaje, Son Oms, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM. Además, detenido hasta en dos ocasiones, fue arrestado por primera vez en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de conseller de la Conselleria de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma.

El caso Can Domenge fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al entonces aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma después de que la exlíder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament, el 26 de febrero de 2010, a raíz de las acusaciones que contra ella vertió Nadal en el marco del llamado caso Maquillaje.