El PP ve "serios indicios" de actividades "manifiestamente ilegales" en el "el trato a favor" que, a su juicio, el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE) y Cantur dieron al publicista Sergio Vélez y a sus empresas en las contrataciones; en la actuación del exgerente del Consorcio de Museos Pablo Sámano y de su empresa Conurca como proveedores de la empresa pública; en el proyecto de Casa de Gorilas de Cabárceno, y en la gestión de las acciones del Racing de Santander y en la operación de compraventa a Ali Syed y, por tanto, pedirá su traslado a la Fiscalía para que las investigue.

Así lo solicita en sus conclusiones de la Comisión de Investigación de Cantur, que ocupan 74 páginas más anexos, y que han sido presentadas en rueda de prensa por los diputados Eduardo Van den Eynde, Carlos Bedia e Íñigo Fernández.

En su conclusión final, los 'populares' piden solicitar a la Fiscalía "que efectúe las acciones que considere oportunas con el fin de dirimir en el ámbito judicial aquellas responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de las actuaciones analizadas".

En las conclusiones finales sobre el Racing, el PP mantiene que la actuación del Gobierno PRC-PSOE supuso, además de un "daño social irreversible" al club, un "quebranto patrimonial" de más de 5,5 millones y un "desequilibro" de 7,7 en el balance de Cantur, algo que achaca a "un conjunto de decisiones lesivas para los intereses de Cantabria" que, a su juicio, deben ser investigadas.

Así, considera que el peso de esta responsabilidad recae en el entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC); en el que era su consejero de Economía, Ángel Agudo (PSOE), "como responsable técnico de la operación", y en el de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano (PRC), por firmar los acuerdos.

En la rueda de prensa, ha resaltado como especialmente "graves" tres hechos, uno de los cuales no hace referencia a la operación de compraventa del club a Ali Syed. Se trata de la venta por parte de Cantur de las acciones del Racing a Dumviro por 7,7 millones, cantidad de la que -ha dicho- "Cantur jamás cobro un sólo euro" porque la empresa no atendió el calendario de plazos que se estableció y porque "ningún responsable" del Gobierno adoptó "jamás ninguna iniciativa" para cobrarlo.

Otro hecho "especialmente grave", según el PP, fue cuando Dumviro, que no había atendido su deuda con el Gobierno, vendió las acciones a WGA, la empresa de Syed, por 6,5 millones, lo que supone una "quita", un "descuento" de 1,2 millones, sin que "nadie haya dado una explicación convincente" en la Comisión.

La "renuncia" que, a su juicio, llevó a cabo el anterior de las garantías de cobro en la operación de compraventa del Racing, aceptando levantar su prenda sobre las acciones con un aval de 1,2 millones que no cubría el total de la operación y sin informes de solvencia suficientes, es para el PP el tercer hecho "grave".

Fernández ha opinado que, en su actuación, el anterior Gobierno regional "no veló" por los intereses públicos de Cantabria, ni de Cantur y "ni siquiera" del Racing, sino que "pareció velar" por los de un "estafador internacional" como, según ha dicho, ha sido Syed, dándole "todas las facilidades".

En este sentido, el diputado del PP ha vuelto a quejarse de que los responsables de esta operación no quisieran justificar su actuación y ha opinado que, por ello, "deben dar en la Fiscalía las explicaciones que aquí no dieron". Además, el PP ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando presentar una "querella" por el asunto del Racing.

PROVEEDORES

Por su parte, Bedia ha explicado las "irregularidades" que el PP aprecia en la relación con ciertos proveedores y ha denunciado el "trato de favor" al publicista Sergio Vélez y a sus empresas Imass Comunicación y Puzzle Producciones que, a su juicio, llevó a que facturasen a Cantur y a otra veintena de entes públicos regidos por regionalistas más de 10 millones por contratos realizados por adjudicación directa o por procedimientos "restringidos", una facturación que tachan de "absolutamente exagerada y fuera de mercado" y que hacen a Vélez "un proveedor casi monopolístico".

Para el PP, deberían investigarse "múltiples irregularidades" en la facturación de estas empresas y cree que es "indispensable" investigar también "quién" de la Administración regional "permitió e incluso fomentó" prácticas como son el fraccionamiento de facturas para evitar tener que ir a concurso o "sobreprecios directamente escandalosos".

Además, Bedia ha dicho que Vélez, además de contratar con la Administración, también se ocupaba de las campañas electorales del PRC y ha apuntado que en los meses anteriores y posteriores a los comicios se daba la "circunstancia curiosa" de que la facturación de sus empresas al Ejecutivo era "demasiado elevada".

Al ser cuestionados los 'populares' sobre si con esa afirmación el PP estaba aludiendo a la posibilidad de que el PRC financiaba con dinero público sus campañas electorales, pagando a Vélez sus servicios al partido con más contratos con el Gobierno, han señalado que "eso no lo pueden decir ellos", sino que tendrá que ser la Fiscalía quien lo analice, si bien creen que hay un "cúmulo de circunstancias" sobre el publicista que hacen "levantar todas las sospechas".

Al margen de Vélez, para los 'populares' está "demostrado" que Cantur, entre 2003 y 2011, "jamás realizó ningún tipo de contrato de servicios ni respetó los procedimientos establecidos por la ley" para seleccionar sus proveedores, lo que permitió a Higuera contratar "de forma arbitraria" con empresas con las que tenía "una clara vinculación familiar", así como con otras "cercanas" a responsables del PRC, creando una "red clientelar".

Para el PP esto podría derivar en responsabilidad penal para el Consejo de Administración de Cantur o, al menos para el presidente de este órgano, que era López Marcano, pues tenía "el deber y la obligación de conocer cómo se estaba gestionando" y "velar y hacer velar" por el cumplimiento de la Ley.

En las conclusiones del PP, otro de los asuntos protagonistas gira en torno a la figura de Pablo Sámano: su nombramiento por parte del bipartito PRC-PSOE como gerente del Consorcio de Museos en 2005; los contratos que en esa época, y a pesar de ser alto cargo del Ejecutivo, su empresa Conurca estableció con la Administración, y la relación laboral que mantuvo en ese tiempo con el hijo de López Marcano.

Los 'populares' exponen "serias dudas" sobre la legalidad de la contratación de Sámano como gerente del Consorcio de Museos, su labor al frente y la justificación de su sueldo y también mantienen que "debería haber sido incompatible" que él o sus empresas contrataran a título privado con la Administración regional.

Además, señalan que el encargo de varios trabajos a Conurca se llevó a cabo "sin tener en cuenta los principios que rigen la contratación" previstos en la Ley de Contratos y también que López Marcano conocía que su hijo realizaba trabajos para Sámano o su empresa y "no hizo nado para corregir" lo que califican de una "manifiesta incompatibilidad entre intereses públicos y privados".

En cuanto a la Casa de los Gorilas de Cabárceno, el PP considera que en la Comisión se "ha demostrado clara y contundentemente" que se "incumplieron sistemáticamente todos los procedimientos administrativos, solicitud de licencias, control y dirección de obra y autorizaciones" y se llevó a cabo una contratación "irregular y discrecional" de la adjudicataria de las obras, Construcciones Queveda.

A juicio del PP, "todos" los intervinientes en dicha obra —desde el responsable de la dirección de obra hasta la dirección facultativa, la adjudicataria e Higuera y López Marcano— son responsables de las "irregularidades" que "de principio y hasta el final" existieron y que hicieron que el coste "se disparase" en un 256%.