El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información que reclamen a la administración en un plazo máximo de 20 días, obligación que hace extensiva a adjudicatarios de contratos del sector público y entidades sin ánimo de lucro como partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciban ayudas o subvenciones para su actividad o funcionamiento.

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha defendido en rueda de prensa que la futura Ley de Transparencia Pública es la "norma con más trascendencia de esta legislatura para la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas en Andalucía", que vuelve a situarse "en vanguardia" en esta ocasión para "aumentar la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de lo público".

Díaz ha destacado que la norma andaluza, que va a ir "por delante" del texto que prepara el Gobierno de la Nación como ley básica, es "valiente, ambiciosa y responde a las demandas de los ciudadanos, que es muy exigente en el conocimiento del gasto de fondos públicos" y ha subrayado que su importancia reside en que supone un "cambio de actitud en los gobiernos y en los empleados públicos" porque se basa en el concepto de que "la información no es propiedad de la administración, sino de la ciudadanía".