La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido este martes que se mantenga la condena impuesta al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), a un año de suspensión de empleo o cargo público y el pago de una multa de 200.000 euros, por un delito de cohecho cometido en el marco del caso 'Troya', en el que se investigaron presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad.

En una vista pública, el representante del Ministerio Fiscal ha defendido la validez de la prueba testifical del constructor al que se le pidieron 122.000 euros como contrapartida a la licencia de obras que le fue concedida para la construcción de un edificio y ha recordado que, en apoyo a la misma, fueron grabadas conversaciones entre Martín Serón y el concejal Gregorio Guerra, también condenado, en las que el alcalde decía al concejal que le transmitiera al arquitecto que le pusiera las "cosas negras" al promotor.

También ha subrayado el hallazgo de unas nota manuscritas en el despacho del edil donde se detallaba la cantidad reclamada o que el pago de la dádiva se realizara a través de una empresa vinculada a la esposa del alcalde, lo que demuestra una "evidente intencionalidad" de éste.

Además, el fiscal ha argumentado que el proceso judicial al que fue sometido Martín Serón se realizó "con todas las garantías", negando así incorrección o volatilidad en la imputación por cohecho, después de que la defensa del regidor afirmara que éste fue juzgado y condenado por un hecho por el que "nunca había sido imputado".