Los tres grupos que conforman la oposición en la localidad lucense de O Valadouro unirán este martes sus votos para despojar al alcalde, el popular José Manuel Lamela, del bastón de mando a través de una moción de censura.

A esta situación se llega, según han explicado a Europa Press tanto el portavoz socialista, Edmundo Maseda, como la representante de la formación independiente Udival, María José Fernández, después de que el regidor no lograse sacar adelante una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos locales, prorrogados desde 2009.

"La moción de censura viene condicionada por la moción de confianza que él presentó, no es una moción de censura pura y dura", ha subrayado Maseda, crítico con que el primer edil de O Valadouro optase por esta fórmula para sacar adelante las cuentas en lugar de negociarlas.

Asimismo, María José Fernández ha hecho hincapié en que Lamela "no llamó a la oposición para debatir los presupuestos", sino que "trató de gobernar como si estuviera en mayoría". "Por eso se llegó a este punto", ha apostillado.

No obstante, para el regidor, la censura responde al "revanchismo político" desde "las elecciones autonómicas" de la oposición, que "nunca tuvo intención" de apoyar los presupuestos pese a las "tres" reuniones que celebró para negociarlos. "Nunca fueron capaces de decir sí a nada ni de plantear ninguna alternativa", ha afeado a socialistas, nacionalistas e independientes.

Rebaja del sueldo del alcalde

Por su parte, los grupos que asumirán el Gobierno local han mostrado su "tranquilidad" ante el debate de la moción de censura y han expresado sus "ganas de trabajar" y su "ilusión" por "hacer cosas y cambiar cosas".

Entre ellas, como ha destacado María José Fernández, las actividades para las personas mayores del municipio, que "se dejaron de hacer". Otra de las medidas que pretenden poner en marcha es "un servicio de asistencia sanitaria, aunque sea unas horas, para evitar que haya que ir a Burela a ponerse una simple inyección".

Se trata, en palabras de Edmundo Maseda, de poner en marcha "otra forma de gobernar", con el foco sobre "los vecinos". En este punto, ha referido que la confección de los nuevos presupuestos respondió a la necesidad de que el alcalde pudiese seguir cobrando, toda vez que se terminaba "la transferencia de crédito" prevista. "Ésa era la cuestión que le preocupaba", ha recriminado.

Tras resaltar que su nómina es de 47.000 euros anuales en una localidad de 2.123 habitantes, como candidato a la Alcaldía ha avanzado que únicamente percibirá 20.000 euros brutos al año. "Ésa es una asignación normal", ha constatado.

"se trabajó bien"

En paralelo, el regidor ha dicho haber asumido la moción de censura porque "hay que aceptar las reglas del juego", pero ha lamentado que la oposición "intenta hacer daño". De todos modos, ha aseverado que los vecinos le muestran "su apoyo" y le "dicen que el alcalde lo ponen las elecciones y no los caprichos".

Después de reivindicar que, durante los dos años que lleva al frente del Consistorio, "se trabajó bien y se hizo lo que había que hacer", el PP ha emitido un comunicado en el que resalta que Lamela "deja un ayuntamiento saneado y con obras ejecutadas por valor de 742.000 euros".

De hecho, ha precisado que queda un remanente de tesorería de 360.000 euros y 150.000 euros de superávit en un ayuntamiento cuyo "nivel de endeudamiento es cero". "No hay créditos ni deudas pendientes", ha añadido, a lo que ha sentenciado: "cuando volvamos a la alcaldía, esperamos recibirla en tan buena situación como ellos la heredan".

Cláusula económica

Uno de los aspectos que mayor polémica ha generado con respecto a esta moción de censura es que el acuerdo de gobernabilidad de la oposición se ha sellado con una cláusula económica: el que rompa el pacto deberá abonar 100.000 euros.

El alcalde, en declaraciones a Europa Press, no ha querido profundizar en "si es legal o no", pero ha señalado que este extremo "coacciona un poco a cualquier a la hora de tomar un acuerdo". "Se está condicionando la libertad de los ediles", ha alegado, antes de subrayar que le parece "vergonzoso".

No en vano, la dirección provincial del PP en Lugo ya anunció que llevará a los tribunales de justicia el acuerdo plenario de la moción de censura, por la cual se desbancará a su partido de una alcaldía que mantiene desde hace 25 años.

Para Edmundo Maseda, la cláusula es "algo novedoso" que demuestra la "implicación" de los cogobernantes con la localidad. "A lo mejor eso es lo que sorprende al PP", ha contrapuesto, sin dejar de señalar que se trata de una "cuestión particular" entre concejales socialistas e independientes.

"Es nuestro dinero; ni público, ni del partido, ni nada", ha apuntado María José Fernández, para quien "no supone ninguna coacción" sino "un refuerzo del acuerdo" de gobierno. "La cláusula es totalmente legal y legítima, es para avalar que aquellos acuerdos que hemos tomado, se cumplan", ha zanjado.

"ninguna crispación"

A renglón seguido, ha asegurado que los vecinos "no le están dando la magnitud que le da el PP" a este acuerdo económico, sino que, por el contrario, "todo este revuelo" está propiciando que "la gente se dé cuenta" de que la coalición "va en serio".

En lo que atañe a la moción, bajo su punto de vista, el pueblo está "tranquilo" y no existe "ninguna crispación ni malas caras". "Recibimos felicitaciones y apoyo", ha reforzado el portavoz socialista.

Acuerdo de gobierno

De prosperar la moción de censura —en principio, contará con los tres votos del PSOE, los dos de Udival y el del BNG y el rechazo de los cinco ediles del PP— , Edmundo Maseda será el próximo alcalde de O Valadouro y María José Fernández, su teniente de alcalde.

En cuanto a las áreas de gobierno, el PSOE se quedará con Urbanismo, Vivienda y Suelo; Medio Rural y Medio Ambiente; Comercio y Turismo; Educación y Deportes; Empleo, Formación e Igualdad y Recursos Humanos. Por su parte, los independientes se quedan con Obras, Servicios Sociales y con el área de Cultura.

El único edil del BNG, Eduardo Chao, se quedará fuera del Gobierno por decisión de la asamblea local de la formación nacionalista y su labor será fiscalizar el cumplimiento del pacto de gobierno a través de una comisión en la que tendrá asiento.

En ella estarán representados los tres grupos ahora en la oposición y se reunirá cada cuatro meses o ante la petición de cualquiera de los integrantes, teniendo estos la potestad de llevar a un observador cada uno.