El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó investigar dentro de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía la situación económico-financiera del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero; del exdelegado provincial del ramo en Sevilla Antonio Rivas, y del exparlamentario socialista Ramón Díaz.

Así consta en un auto dictado el 15 de noviembre de 2012 por el entonces juez de refuerzo de este órgano judicial, Iván Escalera, auto que se ha conocido este lunes después de que la magistrada titular, Mercedes Alaya, haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde noviembre, dando traslado a las partes de 51 tomos con miles de páginas relacionadas con esta causa.

En dicho auto, el juez de refuerzo requería a las distintas entidades bancarias información económico-financiera sobre las cuatro personas referidas y de sus respectivos entornos familiares "más cercanos", según la documentación recogida por Europa Press.

Posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un escrito al juez solicitando la prórroga del secreto en el que consideraba "fundamental" el estudio patrimonial de las personas vinculadas a la Junta "que de alguna u otra manera hayan podido participar en la concesión de las referidas sobrecomisiones o cualquier otro acto ilícito relacionado con los hechos investigados".

Así, también consideró "esencial" el análisis patrimonial del entorno familiar próximo de estas cuatro personas, línea que, según dijo, "se desarrollará a partir de los datos dimanantes de la consecución" del auto de 15 de noviembre citado.

No obstante la anterior, la Benemérita ya advertía de que la información recabada "permite perfilar con claridad la existencia de un entramado, compuesto tanto por personas físicas como jurídicas y perfectamente coordinado y dirigido, con el objetivo de distraer dinero procedente del erario público andaluz, cuyo destino legal era las ayudas sociolaborales concedidas" por la Junta.

Ya en este escrito la Guardia Civil señalaba que, "en estos momentos, al menos de manera indiciaria, se demostraría que una parte importante del dinero que sale de la Junta, en concepto de ayudas sociolaborales, se transforma a través de las compañías aseguradoras que formalizan las pólizas de rentas de supervivencia en comisiones a favor de las mediadoras que participan en la tramitación de las mismas".

"Siguiendo el flujo de este dinero, se vislumbra cómo las propias mediadoras, con la colaboración de un despacho de abogados, distraerían estas sobrecomisiones utilizando empresas instrumentales y personas físicas a modo de 'testaferros', alejando la procedencia de este dinero de su entorno económico, para posteriormente y a través de distintas operaciones financieras, reintegrarlo de nuevo hacia su propio patrimonio", concluía ya en noviembre la Guardia Civil.

A su juicio, parte de este dinero, "y siguiendo el mismo sistema, también habría retornado a las propias autoridades administrativas encargadas de la concesión de las ayudas públicas", mientras que "también se han detectado pagos directos de importantes cantidades de dinero desde las empresas que reciben las ayudas concedidas por la Junta al entramado utilizado para ocultar el destino real de las subvenciones y que serviría para el enriquecimiento ilícito de aquellas personas que participan en su tramitación".