El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha considerado que las reformas que planea su departamento también ayudarán a la economía porque "la eficiencia de los recursos es también un impulso a la economía de un país". Así se ha pronunciado Gallardón en la reunión mantenida con consejeros de Justicia de las comunidades gobernadas por el PP, a la que también ha asistido el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

Según informa el PP en un comunicado, el ministro ha insistido a los consejeros en que la reordenación territorial prevista en la futura Ley de Demarcación y Planta, "no supondrá, en ningún caso", el cierre de ningún juzgado o infraestructura judicial y "se aprovecharán las estructuras ya existentes", sin perjuicio de que el modelo "marca un nuevo proceso de concentración y especialización".

Esta ley prevé la creación de los tribunales de instancia, cuya circunscripción será provincial, y según Gallardón servirán para "mejorar la distribución de las cargas de trabajo, el régimen de sustituciones de jueces y unificar criterios en las resoluciones más complejas". Todo esto, en su opinión, "contribuirá a una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley y una mayor especialización de la justicia".

"Se persigue ganar flexibilidad y maximizar los recursos existentes", ha concluido el ministro, quien al analizar el sistema judicial ha subrayado que sus principales dificultades son "el exceso de litigiosidad" y que se encuentra "obsoleto".

En este sentido, y tras señalar que se mantiene un sistema "decimonónico de dispersión y división" que ha provocado "perversiones", Gallardón ha admitido que el PSOE tuvo "buenas intenciones" con sus anteriores reformas para modernizar la justicia, pero "nulos resultados".

Gallardón ha detallado que, en la actualidad, "el contribuyente abona la totalidad del gasto judicial en nuestro país, 4.000 millones de euros, mientras que en Europa el gesto medio que soporta el contribuyente es el 70 % y el litigante abona el restante 30 %". Con la aprobación de la nueva ley, el contribuyente pagaría el 90 % y el litigante el 10 %, una tasa que "ayudará a que sea un elemento disuasorio para quien utiliza la justicia como mecanismo dilatador en el tiempo", ha añadido.

El ministro ha explicado por otro lado la Ley de Mediación se irá implantando poco a poco y tiene como objetivo reducir la litigiosidad en el orden penal, para que no se utilice el Código Penal para las responsabilidades civiles, y suprimir las faltas en el código penal de tal forma que el 30 % pasen a ser delitos menores y el 70 % faltas administrativas.