El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura "supera" la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.

En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está "por debajo de la media nacional" en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.

Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.

Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.

Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.

Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.

Este balance en "favor" de las prestaciones profesionales "beneficiará" a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas "discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares", añade.

Comparativas nacionales

Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes "no son objetivos".

Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.

Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que "de ninguna manera" la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.

Para que la comparativa sea "adecuada, veraz y objetiva", ha añadido, debe utilizarse "siempre" el porcentaje de la población, evitando así "toda serie de equívocos".

Ventajas en extremadura

A su vez, el Sepad ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.

Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.

Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura "no" va a realizar "por el momento" una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.

Por todo lo anterior, subraya que Extremadura "no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella", poniendo "todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios", para continuar con sus líneas de actuación.