Representantes de plataformas en defensa de la sanidad pública de diversas provincias de Castilla y León, reunidos en Valladolid para valorar la situación del sistema sanitario público en la región, han expresado su desacuerdo con el cierre de plantas hospitalarias, en principio durante los meses de verano, lo que supondrá hasta un 30 por ciento de la capacidad hospitalaria total.

Los participantes en el encuentro consideran que tal medida carece de justificación alguna, cuando hay un lista de espera quirúrgica de más de 37.000 pacientes, además de 57.000 pacientes en lista de espera para consulta especializada y 3.500 personas en espera de pruebas diagnósticas, tal y como critican a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, se posicionan en contra de la política de recortes en personal: no sustituciones por vacaciones u otras licencias, jubilación obligatoria de 248 médicos en el conjunto de la red hospitalaria de la Comunidad, "que de hecho es una amortización encubierta porque el 90% de las plazas ocupadas por esos profesionales no serán cubiertas por nuevos especialistas".

Todo ello, tal y como denuncian públicamente, supondrá una merma radical de la capacidad asistencial del sistema, con el consiguiente deterioro en el nivel de atención sanitaria a la población.

También rechazan el cierre de los puntos de atención continuada en el medio rural (P.A.C.), así como una parte significativa de estos mismos servicios en el medio urbano, lo que, tal y como entienden, constituye un "deterioro irreversible en el nivel asistencial del medio rural que como es bien conocido tiene un alto porcentaje de población envejecida y por tanto con mayores necesidades asistenciales".

Contra la industrialización de rosell

Los representantes de las distintas plataformas han mostrado igualmente su disconformidad con las manifestaciones del presidente de la CEOE, Joan Rosell, en su reciente viaje a Valladolid, cuando apuntó su deseo de que la sanidad fuera industrializada.

"Según este señor, parece ser que los seres humanos debemos recibir un trato similar al de cualquier producto industrial", lamentan, al tiempo advierten de que en Castilla y León se está empezando a dar un proceso de exclusión, de sectores de la población, de la atención sanitaria, como consecuencia de la aplicación en del Real Decreto 16/2012 del 20 de abril.

Y es que denuncian que la política sanitaria de la Consejería y, por tanto, del Gobierno Autónomo de Castilla y León no va orientada a garantizar la estabilidad y viabilidad del sistema sanitario público en la región, sino a privatizar ésta por otros medios distintos de los que se están utilizando en la Comunidad de Madrid, "en concreto el deterioro de ésta desde dentro para abrir cada vez espacios más amplios a la intervención de la sanidad privada".