El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Dorado, y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carlos Boné, han firmado este lunes un convenio de colaboración para proteger a las personas desahuciadas que se encuentren en riesgo de exclusión en la Comunidad, ofreciendo a estos ciudadanos soluciones "en diez días".

Este acuerdo pretende ofrecer una solución inminente para personas que vayan a ser desahuciadas de su vivienda habitual y estén en situación de riesgo de exclusión social y se analizará caso por caso para dar soluciones a los aragoneses "lo antes posible, en diez días", ha apuntado Bermúdez de Castro.

El también portavoz del Ejecutivo aragonés ha considerado que en materia de desahucios las administraciones "tenemos que hablar menos y trabajar un poco más" y ha estimado que este convenio "es un paso más, no soluciona lo anterior", pero ayudará los casos que se produzcan "de ahora en adelante".

En este sentido, ha recalcado que "todo el mundo entiende que se puede hacer mucho más", pero éste "es un paso adelante" y ahora el Gobierno trabajará "para ver qué hacemos" con aquellos casos anteriores no incluidos en este convenio.

El presidente de la FAMCP, Carlos Boné, ha subrayado la disposición de consistorios y comarcas, "como administración más cercana a los ciudadanos", a trabajar para ayudar a las familias afectadas por procesos de desahucios.

De hecho, Boné ha recordado que "muchos ayuntamientos y comarcas ya colaboran con el plan de gestión social de la vivienda del Gobierno de Aragón cediendo sus viviendas públicas para que aquellas familias que más lo necesiten puedan beneficiarse de ellas".

Por ello, "seguiremos colaborando" en este tipo de iniciativas, "convencidos de que si todos trabajamos juntos y en coordinación podremos dar mejor salida a las familias aragonesas" que necesitan ayuda de las instituciones, ha apuntado el presidente de la FAMCP.

Tercera comunidad

Por su parte, el vocal del CGPJ, Antonio Dorado, ha afirmado que los desahucios son "un tema que nos preocupa" y ha apuntado que en el primer trimestre del año se produjeron 19.467 lanzamientos de hipotecas en el conjunto del país y 521 en Aragón.

Dorado ha indicado que la Comunidad aragonesa es la tercera que firma un convenio de estas características y ha agradecido "la disposición a colaborar con nosotros" del Ejecutivo aragonés y la FAMCP.

El juez comunicará la situación

El convenio contempla que el juez sea quien alerte al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de aquellas personas que, en situación de vulnerabilidad, vayan a perder su hogar. Así, los servicios sociales revisarán y evaluarán la medida más conveniente y trasladarán su petición al organismo competente para adoptar una solución inmediata.

Los afectados podrán beneficiarse, de esta forma, de las distintas medidas del plan de gestión social de la vivienda del Ejecutivo aragonés que, entre otras acciones, trabaja en la creación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social.

Además, se han puesto en marca las unidades de gestión social y se han firmado convenios en Huesca y Zaragoza, con sus Ayuntamientos y colegios de abogados, para prestar asesoramiento en materia de mediación hipotecaria.

Los beneficiarios de este convenio serán los afectados por lanzamiento tras ejecución hipotecaria y también aquellos que hayan dejado de pagar sus recibos de alquiler al propietario de su vivienda habitual.

El acuerdo contempla, asimismo, la posibilidad de que la autoridad judicial suspenda el desahucio por un periodo máximo de diez días, tiempo en el que los servicios sociales estudiarán la posible solución a la situación detectada.

"llega tarde"

El acto de firma de este convenio de colaboración se ha celebrado en el Edificio Pignatelli en la capital aragonesa y ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, y el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Dolado ha opinado que este acuerdo "llega tarde" a pesar de que "es positivo" porque ofrece nuevas herramientas para ayudar a los ciudadanos, si bien ha observado que no ofrece soluciones a quienes ya han pasado por los tribunales, "cómo se protege" a estas personas, ha preguntado.

Además, ha lamentado que en la puesta en marcha de este convenio "sólo se ha contado con el Consejo General del Poder Judicial", pero no con los jueces de la Comunidad y ha advertido de que este tipo de acciones deberían contemplarse en leyes y no en convenios.