El Ayuntamiento niega que el TSJA haya anulado el presupuesto de 2012

El Ayuntamiento de Granada ha negado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado el presupuesto municipal de 2012 por suprimir la paga de productividad a los funcionarios y ha insistido en que la sentencia emitida a este respecto se refiere "únicamente" a la necesidad de modificar las tres partidas referentes a este concepto pero no a abonarlas.

El Ayuntamiento de Granada ha negado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado el presupuesto municipal de 2012 por suprimir la paga de productividad a los funcionarios y ha insistido en que la sentencia emitida a este respecto se refiere "únicamente" a la necesidad de modificar las tres partidas referentes a este concepto pero no a abonarlas.

En el transcurso de una rueda improvisada a raíz de las informaciones surgidas en torno a este asunto, el concejal de Economía y portavoz adjunto del equipo de gobierno local, Francisco Ledesma (PP), ha subrayado que esta anulación del presupuesto por parte del Alto Tribunal andaluz "no podría ocurrir" porque el ejercicio ya se ha cerrado y liquidado, iniciándose ya la "aprobación inicial de la cuenta general de 2012".

Así, el edil ha insistido en que la sentencia obliga a modificar las tres partidas que se refieren a la productividad del personal funcionario, de Bomberos y de la Policía Local, respecto a las cuales el equipo de gobierno tomó la decisión de dejarlas abiertas, dotadas con un euro, porque en esos momentos se estaba negociando el convenio colectivo con las centrales sindicales.

Ledesma ha precisado que se adoptó esta solución después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de que "no era legal" que esa partida "se hiciera de manera periódica y lineal" y que el "problema" hubiera sido suprimirla dejándola a cero, lo cual no ha ocurrido.

Según ha detallado, el TSJA reclama que esas partidas sean dotadas con el montante que el pasado año se recogió en los presupuestos por productividad de acuerdo al convenio colectivo, unos 1,8 millones de euros, pero no obliga que el montante sea abonado a los trabajadores, algo que el Consistorio ha descartado hacer.

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